Este sábado, un juez de instrucción determinó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien deberá ir a juicio oral tras ser acusada de cuatro delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Además de la orden y las acusaciones como medida preventiva mientras se desarrolla el proceso, se le retiró el pasaporte a Gómez, también tiene prohibido salir del territorio español y se le ordenó presentarse a firmar ante el tribunal cada quince días. Aunque la defensa de la primera dama ya anunció que apelará estas restricciones, la decisión de sentarla en el banquillo de los acusados es definitiva e inapelable. Junto a ella serán juzgados su asesora cercana, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
A finales de abril, el periodista Vito Quiles cuestionó a Gómez sobre las acusaciones de corrupción y fue violentado por las acompañantes de la esposa del presidente:
🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk
— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026
¿De qué se le acusa?
La investigación penal contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta por un colectivo llamado Manos Limpias.
La acusación central apunta a que Gómez habría utilizado su posición y su influencia como esposa del mandatario para favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresarios allegados y para impulsar una cátedra universitaria que ella misma codirigía en Madrid. Gómez ha negado categóricamente haber cometido cualquier delito, asegurando que su trabajo siempre se apegó a la legalidad.
Le retiraron el pasaporte por riesgo de fuga
El juez justificó la medida afirmando que existe un riesgo de fuga porque los propios agentes de la Policía Nacional asignados a la escolta oficial de Gómez podrían utilizar su logística para ayudarla a escapar de España.
¿Qué tan involucrado está Pedro Sánchez?
Desde el Palacio de La Moncloa —la sede del gobierno español— y el Partido Socialista (PSOE), la postura es que se trata de una "persecución política y judicial" y que no está sustentada jurídicamente.
El juicio debilita la imagen del presidente Pedro Sánchez porque su nombre no aparece directamente en este expediente, su círculo político cercano está envuelto en escándalo porque varios de sus excolaboradores y exministros están siendo investigados por desvíos en contratos de obras públicas y compras irregulares de insumos médicos durante la pandemia, mientras que la Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por redes de cabildeo.
