Lo que Morena prometió como una “purificación” del sistema electoral ha terminado en un fracaso operativo y una regresión democrática sin precedentes.
La herencia que figuras como Jesús Ramírez Cuevas, Pablo Gómez y el propio López Obrador dejaron es una reforma que no funciona, un aparato electoral cooptado y una estructura que, en los hechos, ha regresado a las peores prácticas del pasado, o sea, a cuando gobernaba un solo partido.
¿Qué pretendía el Plan B de la Reforma Electoral?
El “Plan B” y sus mutaciones no fueron diseñados para mejorar la democracia, sino para asegurar el control. El Senado lo aprobó con mayoría calificada, pero el resultado no fue lo que Morena buscaba; la reforma llegó mutilada a San Lázaro porque se les cayó el punto más importante: el artículo 35.
Este pretendía empatar la revocación de mandato con la elección de 2027 para meter la figura presidencial en la boleta y así hacer proselitismo con su imagen, pero su propio aliado, el PT, les puso un alto. O sea, que el oficialismo se quedó sin su “joya de la corona” por una fractura interna que ya no puede ocultar.
Reducción de número de regidurías
Lo que sí se aprobó fue un golpe directo a la operación política local: el rediseño de los ayuntamientos para reducir drásticamente el número de regidurías, limitándolas a un máximo de 15 con criterios de paridad.
Pero no se engañen, esto no es por austeridad; al recortar espacios de representación y asfixiar los presupuestos locales, Morena busca debilitar a la oposición en los municipios donde aún resiste.
Morena ha regresado a ser el partido de Estado que tanto cuestionaron; una maquinaria que utiliza la ley no para proteger el voto, sino para perpetuar el poder a como dé lugar.
Con un árbitro electoral capturado y una coalición que ya empieza a mostrar sus grietas por el reparto del botín, el camino al 2027 se perfila como una batalla donde las reglas se escriben con ventaja.
