El escándalo que rodea a Rubén Rocha Moya, desató una oleada de reacciones en el Senado y la Cámara de Diputados, donde legisladores de oposición no solo exigieron su salida, sino que acusaron una “crisis de Estado” por los presuntos vínculos con el narcotráfico señalados desde Estados Unidos.
Durante una sesión marcada por gritos y confrontaciones, la senadora Lilly Téllez lanzó consignas desde tribuna contra el oficialismo, acusando directamente a Morena de tener nexos con el crimen organizado. La legisladora también cuestionó que las investigaciones tengan que avanzar desde el extranjero y no desde las instituciones mexicanas, lo que, dijo, exhibe la debilidad del sistema de justicia nacional.
Señalamientos directos a Moya con el narcotráfico
Las críticas no se limitaron a una sola voz. El diputado Federico Döring aseguró que este tipo de acusaciones son consecuencia de pactar con el crimen organizado, mientras que la senadora Mely Romero advirtió que la situación en Sinaloa refleja un escenario donde las autoridades, lejos de combatir la violencia, estarían protegiendo a los grupos delictivos.
En la misma línea, el coordinador priista Rubén Moreira sostuvo que su partido había alertado previamente sobre la situación en la entidad, y que las acusaciones actuales solo confirmarían esas advertencias.
El trasfondo del caso es particularmente delicado: autoridades estadounidenses señalan que Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con apoyo del Cártel de Sinaloa, un señalamiento que, de confirmarse, implicaría una infiltración directa del crimen organizado en un gobierno estatal en funciones.
Reforma electoral, impunidad y presión política
Desde el PAN, el senador Marko Cortés retomó el debate sobre la necesidad de reformas que permitan anular elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado, acusando que estas propuestas han sido frenadas por la mayoría oficialista.
Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró insuficiente cualquier intento de separación del cargo si no se combate de fondo la impunidad en el país.
La postura más radical vino desde la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, quien planteó incluso la posibilidad de desaparición de poderes en Sinaloa ante la gravedad del caso.
Alito Moreno busca retiro del registro de Morena
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue más allá al anunciar que buscarán acciones legales para retirar el registro a Morena, al considerar que el partido habría dejado de ser una fuerza política para convertirse en una estructura vinculada al crimen.
En paralelo, el debate también revive acusaciones previas sobre presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales en estados como Michoacán y Tamaulipas, lo que amplía el alcance del conflicto más allá de Sinaloa.
