Colombia se aproxima a la jornada electoral del próximo 21 de junio en medio de un debate central sobre la gobernabilidad, el respeto a la Constitución y el deterioro de la seguridad pública bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
Como no han conseguido la aprobación de sus reformas en el Congreso, el Poder Ejecutivo ha recurrido de forma constante a la convocatoria de protestas y bloqueos viales para ejercer presión institucional.
Esta estrategia busca alterar los canales democráticos regulares y debilitar los contrapesos institucionales. El gobierno desconoce los resultados si esos no lo favorecen, ventajosamente intentan deslegitimar la verdadera democracia.
Ha habido una expansión de las organizaciones criminales en el país. Según registros de seguridad y defensa, las estructuras criminales registraron un crecimiento del 78.5% en sus capacidades operativas.
¿Cómo afecta a los colombianos?
- Municipios desplazados: En más de 200 localidades, frentes armados ilegales controlan el territorio por encima de los alcaldes y la Policía Nacional.
- Gobierno criminal: Estos grupos imponen normas de convivencia, gestionan redes de extorsión, realizan reclutamiento forzado y regulan el tránsito de la población civil.
- Indicadores: La falta de control estatal coincide con el repunte estadístico de los secuestros y el retorno de las masacres semanales.
La fallida estrategia de paz de Petro, otro “Abrazos no Balazos”
La política gubernamental de mantener negociaciones simultáneas con múltiples grupos criminales es criticada por generar parálisis en los sectores productivos. La negación del gobierno a usar las fuerzas del orden para despejar bloqueos viales deja claro que la prioridad es mantener alianzas políticas y no el libre tránsito y la seguridad de las mercancías, afectando la economía y demostrando que no hay Estado de Derecho con el gobierno actual.
