Bajo un clima de intensa presión comercial, en México concluyó la tercera ronda de negociaciones del T-MEC marcada por la visita del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien sostuvo reuniones clave en Palacio Nacional con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Pese a los intentos de avanzar en la agenda bilateral respecto a sectores estratégicos como el acero y la industria automotriz, el escenario se tensó inmediatamente después del cierre de las conversaciones, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció un nuevo impuesto del 10% a las exportaciones mexicanas, argumentando una falta de combate eficaz contra el trabajo forzoso.
Frente al anuncio de Washington, la Secretaría de Economía matizó el impacto del arancel al señalar que más del 80% de las exportaciones nacionales que cumplen con las reglas del T-MEC quedarán excluidas de la medida, manteniendo las condiciones comerciales previas. No obstante, desde el sector empresarial la noticia no causó sorpresa; José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que el gremio ya anticipaba este escenario y que mantendrán mesas de diálogo con argumentos técnicos para demostrar que el aparato productivo mexicano no debe ser objeto de estas sanciones arancelarias.
Por su parte, analistas económicos y exfuncionarios advirtieron que la incertidumbre en torno a la renovación del acuerdo comercial representa un duro golpe para la atracción de inversiones. En entrevista con Bibiana Belsasso, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, sostuvo que producir en México resulta cada vez más costoso debido a la inseguridad y la falta de Estado de Derecho, factores que —sumados a las reformas al Poder Judicial— han provocado que múltiples empresas que evaluaban instalarse en el país mediante el nearshoring opten finalmente por trasladar sus operaciones a estados norteamericanos como Tennessee o las Carolinas.
