La relación entre México y Estados Unidos volvió a entrar en una etapa de tensión política luego de que el gobierno mexicano respondiera con dureza a los señalamientos realizados desde el vecino país sobre presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró recientemente el traslado de operaciones de una planta de Toyota de Tijuana hacia Texas, desde Palacio Nacional se elevó el tono de las críticas contra Washington. Funcionarios mexicanos calificaron diversas acusaciones como falsas, además de cuestionar lo que consideran una postura injerencista por parte de autoridades estadounidenses.
En ese contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Estado mexicano no mantiene acuerdos con organizaciones criminales y defendió las acciones emprendidas por el Gobierno federal contra los grupos delictivos.
Como parte de esa defensa, recordó la captura de Ovidio Guzmán López, ocurrida en enero de 2023, así como su posterior extradición a Estados Unidos en septiembre del mismo año, como ejemplo de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El antecedente del “Culiacanazo” vuelve al debate
Las declaraciones reavivaron uno de los episodios más polémicos del sexenio anterior: la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, tras un operativo realizado en Culiacán.
En junio de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que ordenó detener el operativo y liberar al presunto líder criminal para evitar un mayor derramamiento de sangre.
Ese antecedente volvió a ser mencionado por diversos analistas y actores políticos, quienes consideran que forma parte inevitable del debate cuando el Gobierno federal presenta la detención y extradición de Guzmán como muestra de su combate al crimen organizado.
Los señalamientos provenientes de Estados Unidos
La confrontación también ocurre después de que autoridades estadounidenses hicieran públicos diversos expedientes relacionados con investigaciones sobre crimen organizado.
Por un lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre presuntas redes financieras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, en las que se menciona el uso de recursos ilícitos para financiar campañas políticas y establecer vínculos con funcionarios.
De forma paralela, investigaciones difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen acusaciones relacionadas con presuntas alianzas entre operadores políticos en Sinaloa y miembros de Los Chapitos durante procesos electorales. Hasta el momento, estas investigaciones continúan su curso y no representan sentencias judiciales.
En este escenario también han cobrado relevancia los mecanismos legales estadounidenses conocidos como testigos colaboradores, figuras que permiten obtener información de integrantes de organizaciones criminales a cambio de determinados beneficios procesales. Dicho esquema fue ampliamente utilizado en investigaciones como el juicio contra Genaro García Luna.
Investigación sobre “El Mayo” abre nuevos cuestionamientos
Otro de los temas que incrementó la tensión bilateral es el relacionado con la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
El Gobierno mexicano reconoció recientemente que una investigación periodística del periodista Luis Chaparro señala la participación del Buró Federal de Investigaciones, junto con otras agencias estadounidenses, en el operativo que derivó en la llegada de Zambada a territorio estadounidense.
A partir de esa información, las autoridades mexicanas informaron que solicitaron a la Fiscalía General de la República ampliar las investigaciones sobre el caso.
