Es todo un misterio dónde quedaron los 600 mil millones de pesos de un desfalco histórico producto del huachicol fiscal. Para la opinión pública y los expertos legales, resulta inverosímil que la madre de todas las estafas en el sector energético haya sido orquestada, planeada y ejecutada por solamente dos personas: los hermanos Farías Laguna.
El caso ha dado un giro radical tras las revelaciones de la defensa de los acusados y los datos contenidos en los propios expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales apuntan a que esta operación requirió de una red de complicidades al más alto nivel de la política mexicana.
Algo no cuadra en la FGR: El argumento de la defensa
El abogado penalista Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Farías Laguna, asegura que existen inconsistencias profundas en la narrativa oficial de las autoridades federales. “No se puede entender una afectación tan grande de 600 mil millones de pesos si no fuera por la complacencia, con el contubernio o incluso con la participación de prominentes políticos”, sentenció de forma contundente.
A través de la carpeta de investigación, la defensa argumenta que para cometer un fraude de tal magnitud en las aduanas y puertos del país, dos militares de medio rango no habrían tenido el peso político necesario. Sostienen que se tuvo que haber burlado, coludido o engañado el control de al menos ocho dependencias federales claves:
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)
- Secretaría de Marina (Semar)
- Guardia Nacional
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Secretaría de Economía
- Secretaría de Energía (Sener)
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
- Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Según Mendieta, para lograr esto, en la red de operación tenían que estar involucradas personas con capacidad real de toma de decisiones y con un control férreo sobre las instituciones del Estado.
“El diésel se convirtió en lubricante": El modus operandi en Sonora
En las investigaciones de la FGR, a las que tuvo acceso directo Azteca Noticias, un testigo protegido bajo el nombre de Juan “N” reveló los nombres de los políticos prominentes involucrados. El testigo refirió que entre los meses de mayo y junio del año 2022, recibió órdenes estrictas de un superior en el puerto de Guaymas, Sonora, para violar de forma sistemática los protocolos de revisión aduanal.
“Iba a llegar un barco, va a declarar una cosa que no es. Me dijo que era diésel... Le dije que no quería meterme en problemas, me dijo que ya estaba autorizado y soportado... por Humberto López Arellano y los hermanos Farías... Nos dijeron que iba a ser un barco de 10 millones de litros, lo vamos a declarar como aditivo”, se lee en la declaración ministerial de Juan “N”.Cuando la embarcación llegó a puerto, la orden de tomar muestras biológicas y químicas para corroborar el cargamento fue cancelada. En los reportes oficiales de la aduana, los millones de litros de diésel se convirtieron mágicamente en lubricantes y aditivos para evadir el pago multimillonario de impuestos.
El señalamiento directo contra Andy López Beltrán
De acuerdo con el expediente, cuando el operativo ilegal comenzó a salir de control debido a denuncias internas, bastó una llamada telefónica para detener las revisiones de las fuerzas federales. El testigo Juan “N” detalló la respuesta que recibió por parte de altos mandos al reportar las irregularidades: “Le dije a Solano que eso ya se había salido de control... me dijo que le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de ‘Andy’ a ver si no le hacían caso”.
El “Andy” mencionado en las declaraciones ministeriales coincide con el nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual aspirante a diputado en el estado de Tabasco.
En aquella ocasión, la Fiscalía General de la República llegó tarde al puerto de Guaymas; el barco cargado de huachicol fiscal ya había descargado el combustible directamente en pipas y zarpado con rumbo desconocido. Con los nombres de peso ya plasmados de forma legal en los expedientes de la FGR, la gran incógnita es si la justicia llegará hasta las últimas consecuencias sin importar el costo político.
