Han pasado 69 días desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, y su paradero público sigue siendo un misterio. Aunque el Gobierno de México sostiene que el exmandatario está localizable y bajo investigación, no ha reaparecido en actos públicos ni ha sido presentado ante las autoridades, pese a que Estados Unidos mantiene vigente una solicitud de detención con fines de extradición, presentada el 28 de abril por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones del Departamento de Justicia también alcanzan a otros nueve exfuncionarios y servidores públicos, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza, exmandos policiales y exintegrantes del gabinete estatal, señalados de colaborar con “Los Chapitos”. De ese grupo, únicamente el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses; el resto continúa sin enfrentar la justicia en México.
En redes sociales, Rocha Moya difundió un mensaje en el que afirmó permanecer en su domicilio y rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas como un ataque político. Sin embargo, el comunicado no respondió a los señalamientos del expediente judicial en Nueva York ni explicó su ausencia del cargo. Mientras tanto, la solicitud de captura y extradición permanece sin ejecutarse, en un caso que mantiene abiertas las tensiones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.
