El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente López Obrador, publicado el pasado 18 de mayo en el que se considera de seguridad nacional e interés público la construcción y operación de determinadas obras de infraestructura de transportes.
En la demanda presentada este jueves, el panista señalo que la medida del ejecutivo equivalente a ampliar el supuesto de reserva de información referido a través de un acto administrativo, con lo que se violan los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad. Además, de anular el derecho de acceso a la información de los ciudadanos so pretexto de la seguridad nacional.
Santiago Creel calificó el decreto como un acto arbitrario que invade la facultad legislativa del Congreso de la Unión en materia de transparencia y seguridad nacional que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-M.
“De manera concreta, lo que desea el Presidente es que el pueblo no sepamos si está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum”, aseveró.
Creel acusa a AMLO de querer “darle vuelta a la Constitución”.
El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el Jefe del Ejecutivo Federal pretende darle la vuelta a la Constitución y burlar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el primer decreto.
Y sentenció “Señor presidente, sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho y usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato a nombre de la Cámara de Diputados volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí Presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”.
En la controversia constitucional presentada, Creel recuerda que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece los supuestos que permiten clasificar información como reservada y en el caso de estas obras no es procedente.
De acuerdo a la Ley la reserva de información tendría que cumplir ciertos criterios entre los cuales figuran: motivos que comprometa la seguridad nacional, pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; afectación a la política monetaria o se trate de datos sensibles de un particular, se ponga en riesgo la vida, seguridad salud de una persona física, entre otras.
