La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alzó la voz contra la reciente facultad otorgada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial. El sector empresarial advirtió que esta medida vulnera el Estado de derecho al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas bajo reglas ambiguas, colocando al sector productivo en una situación de indefensión total.
Para la Coparmex, congelar recursos antes de acreditar una responsabilidad jurídica funciona, en la práctica, como una sanción anticipada. Esto, señalan, reduce drásticamente la disposición de capitales nacionales y extranjeros para apostar por México, especialmente en un entorno de competencia global.
⚖️ Desde COPARMEX advertimos que la resolución de la SCJN que permite el bloqueo de cuentas por parte de la UIF sin control judicial previo debilita el Estado de Derecho y afecta la confianza para invertir en México.
— Coparmex Nacional (@Coparmex) April 9, 2026
📉 La certeza jurídica es esencial para la inversión. Medidas… pic.twitter.com/8v1Cu2S18i
T-MEC en riesgo: La desconfianza de los inversionistas
El organismo patronal subrayó que la capacidad de una autoridad administrativa para restringir recursos de forma unilateral envía una señal de alerta a los mercados internacionales. "Este escenario es sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital", advirtió la Confederación, sugiriendo que la falta de control judicial previo podría ser interpretada como una falta de certeza jurídica por parte de nuestros socios comerciales.
El plan de 5 puntos: Control judicial de 6 horas para frenar abusos
Ante el riesgo de actuaciones infundadas, la Coparmex presentó una propuesta de cinco ejes para regular estas facultades y devolver la certeza a los contribuyentes:
- Claridad en los bloqueos: Definir supuestos objetivos y verificables que justifiquen la medida.
- Control judicial express: Establecer que un juez valide la legalidad del bloqueo en un plazo máximo de 6 horas; de lo contrario, la cuenta deberá liberarse.
- Derecho a la defensa: Garantizar la notificación inmediata al titular con fundamentos claros.
- Responsabilidad oficial: Crear un régimen de consecuencias para las autoridades que realicen bloqueos infundados.
- Transparencia total: Publicar periódicamente información sobre el uso de estas facultades para evitar la discrecionalidad.
Mientras la Coparmex se enfoca en la inversión, el bloque opositor en el Congreso (PRI-PAN) denunció que el aval de la SCJN a la UIF para congelar cuentas sin un juez es el paso definitivo hacia un Estado autoritario. El argumento central es que, al eliminarse el control judicial, la presunción de inocencia desaparece para dar paso a la persecución dirigida.
