La difusión en redes sociales del video de una trabajadora social del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP) al enterarse de la rescisión de su contrato se ha vuelto viral, exponiendo una problemática interna que escaló a nivel nacional. Trabajadores sociales despedidos de la institución acusan que esta decisión vulnera de forma directa los derechos de los ciudadanos de menores recursos que no pueden pagar una defensa legal particular.
El pasado 30 de junio, un total de 43 profesionales del trabajo social pertenecientes a distintas unidades estatales de la Defensoría Pública fueron notificados sobre el término de sus funciones. Entre las afectadas se encuentra Olivia López, quien laboró durante 27 años en la unidad de Baja California Sur, encargándose de canalizar asesorías jurídicas y defensas legales gratuitas para la población en situación de desamparo.
#MorenaNarcoPartido y su Poder Judicial del Acordeón, despiden a 43 funcionarios del Instituto de Defensoria Pública: órgano especializado para defender a las minorías y a quienes menos tienen en materia de justicia social, dependientes del PJ #FueraMorena pic.twitter.com/U1vm8SzNUi
— Isaac 🇲🇽 (@isaacloz) July 1, 2026
Despidos en el Instituto de Defensoría Pública Federal carecen de sustento, acusan afectados
La principal inconformidad de los trabajadores radica en la falta de claridad y las aparentes contradicciones en los argumentos institucionales. De acuerdo con los testimonios de los afectados, los oficios de notificación señalan que la conclusión del cargo fue solicitada de manera individual por sus jefes o titulares directos. Sin embargo, los trabajadores cuestionan la coincidencia de que se hayan emitido solicitudes idénticas de forma simultánea para empleados radicados en diferentes estados de la República.
Por otra parte, la justificación verbal entregada a los empleados apuntaba a supuestas restricciones presupuestales de la dependencia. Las trabajadoras sociales de base aseguran que dicho argumento carece de sustento técnico y financiero, debido a que el presupuesto anual aprobado para el instituto está completamente contemplado y garantizado hasta el mes de diciembre, manteniendo sus puestos vigentes dentro de las bases generales de la Defensoría Pública.
El impacto social: Miles de mexicanos podrían quedar sin defensa legal
La labor del trabajador social dentro del sistema de justicia es un pilar indispensable para garantizar la equidad procesal. "Nosotros somos los ojos de un juez. Yo le tengo que informar a un juez mediante un estudio de trabajo social que esa persona vive en situación de calle, vulnerables", explicó Olivia López sobre el impacto de su profesión en los dictámenes judiciales.
La reducción de este personal afecta directamente la capacidad de respuesta del órgano encargado de llevar la justicia a quienes no tienen acceso a un abogado privado. Para dimensionar el volumen de atención:
- Demanda nacional: Durante el año 2024, el Instituto de Defensoría Pública Federal recibió un total de 829 mil 289 solicitudes de defensa legal a nivel nacional.
- Efectividad: El 94 por ciento de dichas solicitudes fueron aceptadas y atendidas con éxito, una cifra cuya viabilidad dependía mayoritariamente de los estudios socioeconómicos y la gestión de campo realizada por las trabajadoras sociales.
Ante esta situación, diversos juzgadores y juzgadoras federales han alertado que la ausencia de los trabajadores sociales coarta el derecho de los ciudadanos a obtener su libertad debido a su condición social o socioeconómica. En un contexto donde el Poder Judicial enfrenta un severo escrutinio público tras los recientes procesos electorales internos, los empleados afectados continúan exigiendo que las autoridades competentes aclaren el motivo real de los despidos para evitar dejar en el desamparo a miles de mexicanos sin recursos.
