Diputados reprochan a la Auditoria Superior de la Federación la falta de seguimiento a las inconsistencias financieras registradas en auditorías de las cuentas públicas de 2016 y años anteriores y alertan que posibles delitos están en riesgo de prescribir por la vía penal y administrativa.
Durante la reunión que sostuvieron integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, con Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones de la ASF, legisladores de varios partidos pusieron en duda la información contenida en el Sistema Público de Consulta que tiene el órgano superior de fiscalización y que se relaciona con las acciones pendientes de solventar en cuentas públicas.
Más de 5 mil acciones de seguimiento de inconsistencias.
Y es que dicen que las cifras, pues, en octubre de 2022 se reportaba la existencia de 5 mil 593 acciones en seguimiento, de las cuales 617 pertenecían a las cuentas públicas de 2010 a 2016 y en la última actualización solo existen lo relativo al gasto de 2017 al 2021.
“Le pido informe y justifique ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de estar en trámite, en menos de 3 meses depuraron todas las acciones en seguimiento previas a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Adicionalmente, se identificó que en el periodo de 2010 a 2020, se presentaban con estatus, revisión legal del pliego de observaciones 954 acciones. No obstante, al verificar el sistema el día de hoy se aprecia que ahora está eliminada la revisión legal del pliego de observaciones. ¿A qué se debe su desaparición? “acusó el diputado de Morena, Daniel Gutiérrez.
Y así justifico el auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones de la Auditoria Superior, “Efectivamente eliminamos esas acciones que no obstante de están documentadas en los expedientes no s e habían actualizado en la página del Sistema Público de consulta y tampoco en el instrumento interno dela propia auditoria. fue un esfuerzo muy grande recuperar sobre todo el pasado cuando se está fiscalizando el propio presente”.
Para los diputados se prendieron focos de alerta pues los plazos para fincar responsabilidades podrían vencer.
“Usted tienen 343 solicitudes de aclaración de 2016 a 2019 en seguimiento, pregunto, como es posible que mantengan ese estatutos cuando sabe que la ley establece un plazo 120 días hábiles para que la auditoria se pronuncie posterior a los 30 días hábiles que tiene la entidad fiscalizada para presentar la documentación que aclare dicha acción , respecto a esas cuentas públicas los plazos están agotados señor auditor y debieron sustituirse por pliegos de observaciones”, cuestionó la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén.
“Estamos conscientes de las responsabilidades que conlleva el que se de algún proceso de prescripción, pero también estamos confiados de que eso no ha sucedido y, efectivamente la información que se plantea en la página no fue actualizada conforme a los expedientes que se tiene de 2016 hacia atrás, la página ha sido actualizado al día de hoy, las cifras eran de octubre”, apuntó Arturo Ibáñez.
