Tras la sentencia de cadena perpetua dictada en Estados Unidos contra Ismael "El Mayo" Zambada, la atención política y jurídica se ha desplazado hacia el destino final de la descomunal riqueza acumulada por el cofundador del Cártel de Sinaloa, calculada por agencias estadounidenses en más de 15 mil millones de dólares. En la conferencia mañanera de este martes, el Gobierno Federal abrió la posibilidad de que el gobierno mexicano busque recuperar una parte de los recursos decomisados al capo, precisando que esto se determinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar los alcances de la resolución judicial emitida en Nueva York.
Se explicó que el reclamo de activos confiscados en el extranjero representa un procedimiento que normalmente se gestiona cuando hay cooperación o procesos paralelos. Señaló que solicitarán a la fiscalía que informe formalmente sobre el estatus de las investigaciones patrimoniales e interacciones internacionales, aclarando que, aunque la sentencia plantea la incautación de bienes, el seguimiento legal para determinar la repatriación o distribución de esos fondos requerirá la participación directa del Ministerio Público Federal.
¿La última aparición pública de "El Mayo" Zambada?
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026
El fundador del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a cadena perpetua en EU.
Con 76 años y un evidente deterioro físico, enfrentó la justicia en una audiencia que podría haber sido la última vez que se le vea en público.
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La FGR definirá si busca una entrevista con el capo para esclarecer su captura
Respecto a las constantes interrogantes sobre la logística y las circunstancias reales que derivaron en la llegada de Zambada a suelo estadounidense, se planteó la opción de que las autoridades mexicanas busquen una entrevista directa con el narcotraficante para escuchar de primera mano su versión de los hechos. Sobre esta posibilidad, se claró que no corresponde al gabinete de gobierno promover dicho encuentro, sino que recae de forma exclusiva en la FGR determinar la conveniencia de solicitar una diligencia o interrogatorio en el marco de las carpetas de investigación que mantiene abiertas en el país.
De igual forma, se puntualizó que será la propia fiscalía la que evalúe y decida si sostiene reuniones de trabajo con las autoridades de la Unión Americana para abordar los detalles de la captura y el intercambio de información procesal.
