La libertad de prensa en territorio mexicano enfrenta peligros que van más allá de la delincuencia organizada, la inseguridad o los actos violentos. Actualmente, la utilización de recursos legales se ha transformado en un mecanismo diseñado para intimidar a quienes ejercen la labor informativa.
En el panorama nacional, se ha vuelto una práctica habitual emprender acciones jurídicas contra los comunicadores. Tan solo en el transcurso de los primeros 7 meses correspondientes al año previo, se registraron 51 casos de hostigamiento judicial dirigidos hacia los integrantes de los medios de comunicación.
El derecho penal como herramienta de censura contra periodistas en México
Esta libertad se encuentra bajo asedio debido a la intención de catalogar el derecho a informar como una forma de castigo por supuestos delitos que afectarían la integridad de terceros.
La mayoría de estas querellas emana de servidores públicos y dependencias oficiales que rechazan la fiscalización de sus fallas o de posibles redes de corrupción por parte de reporteros y fotógrafos. En el ejercicio de esta vigilancia social, quienes trabajan en la prensa terminan siendo objeto de ataques directos provenientes del mismo aparato gubernamental y sus funcionarios.
Criminalización del ejercicio reporteril
Las represalias legales han alcanzado niveles alarmantes, llegando incluso a imputaciones por terrorismo. Un ejemplo de esta situación extrema es el de Rafael “Lafita” León, un periodista de la ciudad de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.
Este reportero no solo enfrentó un proceso penal, sino que fue sometido a un arresto en su propio domicilio tras ser señalado por delitos contra las instituciones y encubrimiento.
El origen de este ataque ocurrió cuando el comunicador acudió a cubrir un evento de nota roja tras recibir un aviso previo. Al arribar antes que las autoridades de la fiscalía y los peritos, logró obtener testimonios en video y fotografías. Debido a este material gráfico y a su presencia en el sitio, fue injustamente vinculado con agrupaciones delictivas, lo que representa otra vertiente del riesgo que corre la prensa.
Aunado a lo anterior, la integridad de los periodistas se ve comprometida cuando los líderes en el poder lanzan ataques verbales en su contra desde espacios públicos.
Una de las tácticas más recurrentes es el uso de un lenguaje que busca marcar a los reporteros como oponentes, enemigos o personas con intereses económicos ocultos. Estas descalificaciones constantes terminan por construir un entorno social donde se intentan validar y justificar diversas clases de agresiones físicas o institucionales contra los trabajadores de la comunicación.
