El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que encabezará una reunión ministerial el próximo 15 de julio en Washington con la participación de representantes de más de 60 países del hemisferio occidental, Europa y Asia.
De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estado, el objetivo del encuentro será analizar el resurgimiento de la violencia política y coordinar estrategias para enfrentar este fenómeno, considerado por el gobierno estadounidense como una amenaza creciente para la seguridad internacional.
🌎⚠️ ¿Se profundiza la grieta diplomática entre México y la Casa Blanca?
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026
La protección brindada a personajes como @rochamoya_ y @InzunzaCazarez continúa generando tensión entre Palacio Nacional y la administración estadounidense
En medio de este escenario, el secretario de… pic.twitter.com/6la1WIrSiZ
México no está invitado a la reunión de Estados Unidos
Hasta el momento, el canciller mexicano Roberto Velasco no figura entre los invitados a esta reunión organizada por el Gobierno de Estados Unidos. Esta situación ha llamado la atención debido a que no es la primera ocasión en que México queda fuera de una iniciativa de seguridad impulsada por la actual administración estadounidense.
En el mes marzo, durante una cumbre convocada por el presidente Donald Trump para promover un escudo hemisférico contra el narcoterrorismo con la participación de mandatarios latinoamericanos, el gobierno mexicano tampoco recibió una invitación.
Donald Trump contra el terrorismo político
La realización de esta cumbre ocurre después de que el presidente Donald Trump firmara en mayo una nueva estrategia antiterrorista. Dicho plan pone especial énfasis en la identificación y el combate de grupos considerados por la Casa Blanca como promotores de violencia política.
La estrategia de Estados Unidos se enfoca en acciones que encajan dentro de la definición de terrorismo, como asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra autoridades gubernamentales, ataques a instalaciones oficiales, agresiones contra fuerzas del orden y atentados dirigidos a infraestructura crítica o personal militar.
La iniciativa también surge en un contexto marcado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre. Tras su fallecimiento, asesores del Gobierno de los Estados Unidos impulsaron la creación de un esfuerzo coordinado para investigar y combatir a grupos de izquierda señalados de promover actos violentos, aunque sin identificar públicamente a organizaciones específicas.
