En una nueva ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado oficialmente a la facción de “Los Mayos” o “La Mayiza”, el ala leal al histórico capo Ismael “El Mayo” Zambada, como una organización terrorista. La medida, anunciada este jueves, incluye sanciones directas contra el líder de su brutal brazo armado, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, y expone una vasta red de corrupción que involucra a empresarios y políticos en Baja California.
Esta acción, que sigue a una designación similar contra la facción de “Los Chapitos” en junio, formaliza la postura de Washington de tratar la sangrienta guerra interna del Cártel de Sinaloa como un conflicto entre dos organizaciones terroristas que amenazan la seguridad de ambos lados de la frontera.
“El Ruso": El sanguinario líder del brazo armado de “Los Mayos”
El principal objetivo individual de estas sanciones es Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como el fundador y líder del principal brazo armado de “La Mayiza”. Su grupo es el responsable de librar la guerra contra “Los Chapitos”, una disputa que, según el Tesoro, ha causado la muerte de más de mil personas solo en el estado de Sinaloa.
“El Ruso” no es un operador nuevo. Una acusación federal en California de 2015 ya lo señalaba como el líder de una célula de sicarios dedicada al secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato para proteger los intereses del cártel. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
EU revela presunta red de corrupción en Rosarito: Empresarios y una exalcaldesa sancionados
La investigación de la OFAC va más allá de los sicarios y expone cómo “La Mayiza” ha corrompido las estructuras políticas y económicas en Baja California. Las sanciones revelan una red de lavado de dinero y extorsión en Rosarito, un corredor clave para el cártel.
Entre los sancionados se encuentran:
- Jesús González Lomelí: Un empresario de Rosarito, dueño de populares bares y restaurantes como Bombay Beach Club y Coco Beach Club, quien presuntamente utilizaba sus negocios para lavar millones de dólares del narcotráfico.
- Candelario Arcega Aguirre: Un operador político que, según EU, sirvió de intermediario para corromper al gobierno municipal.
- Hilda Araceli Brown Figueredo: La exalcaldesa de Rosarito, quien presuntamente colaboró con la red para recaudar pagos de extorsión y garantizar la protección de las actividades delictivas del cártel.
Junto a ellos, fueron sancionados los hermanos Mario y Karlo Herrera Sánchez como socios de la red, así como 15 empresas, incluyendo restaurantes, hoteles y una compañía de transporte, utilizadas como fachada. Consulta aquí la investigación completa del Departamento del Tesoro.
— Treasury Department (@USTreasury) September 18, 2025
Las consecuencias de la designación terrorista de La Mayiza
Al ser designada como una facción de una Organización Terrorista Extranjera, todos los bienes de “La Mayiza” y de las personas y empresas sancionadas en Estados Unidos quedan congelados. Además, se prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones con ellos, en un intento por asfixiar financieramente a una de las estructuras criminales más poderosas de México.
Por otro lado, se abre la puerta del uso de armamento militar estadounidense contra estos objetivos, tal como se aprobó semanas atrás mediante una carta firmada por el presidente Donald Trump, quien ha encabezado los ataques a presuntos narcotraficantes del Tren de Aragua en aguas internacionales.
UIF sanciona 22 cuentas vinculadas con la designación terrorista de La Mayiza
De forma casi paralela, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de 22 cuentas de personas y empresas, integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.
En comunicado detallaron que es parte del trabajo conjunto con Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designara a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales).
“La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, señaló.
