Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, un proyecto que había generado polémica por las penalidades originalmente aprobadas en la Cámara de Diputados.
Con los cambios, la pena máxima queda fijada en 25 años de prisión, lo que —según los legisladores— garantiza que quienes actualmente cumplen condenas por extorsión no podrán solicitar libertad anticipada.
Senado refuerza reparación del daño y elimina reducciones de pena en casos de extorsión
El dictamen también incorpora la reparación del daño a víctimas y ofendidos, así como la imposibilidad de reducir las penalidades en casos de extorsión.
Además, se contempla la creación de unidades especializadas para atender este delito; sin embargo, su puesta en marcha sería hasta el próximo año, ya que no fueron consideradas en el presupuesto vigente.
Senadores de oposición celebraron los ajustes y adelantaron que acompañarán el dictamen en el Pleno. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que las modificaciones evitarán la liberación masiva de criminales.
“Nos da mucho gusto que se haya escuchado nuestra voz… en caso de aprobarse en los términos en los que venía, al día siguiente iban a tener que liberar a muchísimos delincuentes, lo cual nos parecía absolutamente inaceptable”, señaló. El dictamen será discutido este miércoles ante el Pleno.
*Senado endurece penas y perfila un tipo penal único de extorsión en todo el país*
— Angel Gallegos (@gallegoso) November 19, 2025
La Ley General de Extorsión busca unificar en todo el país la definición del delito y homologar penas, las cuales van de 15 a 25 años de cárcel y multas de 300 a 500 UMA. pic.twitter.com/Q3TLq362DR
Oposición exige frenar descalificaciones y represión contra jóvenes manifestantes
En otro tema, el coordinador panista Ricardo Anaya lanzó un llamado al gobierno federal para no descalificar ni reprimir las manifestaciones ciudadanas del fin de semana, encabezadas principalmente por jóvenes que protestaron contra la inseguridad y la violencia en el país.
Anaya calificó como un error político y un acto autoritario las respuestas oficiales hacia los manifestantes y pidió al gobierno escuchar los reclamos sociales en lugar de intentar silenciarlos.
“Además de autoritario y represor, es torpe descalificar a los jóvenes que se manifiestan de manera libre… lo que van a provocar es que haya más marchas y el asunto se les va a salir de las manos”, advirtió.
El legislador insistió en que las demandas de la ciudadanía son legítimas y que ignorarlas solo aumentará el descontento social.
“Si el gobierno sigue reprimiendo, la gente se va a organizar y esto va a crecer. Nuestro llamado es a que el gobierno rectifique y reconozca que hay un problema real”.
