En un esfuerzo coordinado de inteligencia financiera internacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con las autoridades de los Estados Unidos, asestó un golpe estratégico a las estructuras económicas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acciones conjuntas permitieron identificar y bloquear las cuentas de una red delictiva dedicada al robo, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol, la cual operaba activamente para blanquear capitales de procedencia ilícita en ambos lados de la frontera.
📢 #ComunicadoDePrensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ
La ofensiva comenzó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designara a 11 sujetos, específicamente dos personas físicas y nueve personas morales o empresas, presuntamente vinculadas con esta red de robo de combustible ligada a la organización criminal. Según el comunicado de prensa, el grupo criminal utilizaba un complejo entramado de corporativos de los sectores de logística, transporte y comercialización de hidrocarburos para ocultar y movilizar recursos de origen ilícito. Asimismo, se detectó que operaban mediante transferencias internacionales, transacciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
U.S. Sanctions Fuel Theft Operators Benefiting Foreign Terrorist Mexican Cartel https://t.co/1gTHiJToc5
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 30, 2026
Análisis de la UIF y congelamiento extendido de cuentas
En el ámbito nacional, la UIF realizó un profundo análisis fiscal, financiero y corporativo sobre los objetivos señalados por la OFAC. Durante las investigaciones se detectaron indicios claros de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como graves discrepancias entre los ingresos reales que las empresas reportaban ante la autoridad fiscal y los millonarios flujos observados dentro del sistema financiero mexicano.
Como resultado directo de estos hallazgos, la UIF no solo incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 11 sujetos originalmente designados por el gobierno estadounidense, sino que extendió la medida de protección a otras nueve personas adicionales detectadas en la indagatoria local. Con esta resolución, se busca restringir de forma inmediata la utilización de la infraestructura bancaria para actividades del crimen organizado.
