México ha cerrado el año 2025 ratificándose como el país más peligroso y letal para ejercer el periodismo en América Latina. El "Informe Sombra 2025: Cartografía del Silencio", elaborado por la Red Voces del Sur, revela que el entorno para informar en el país no solo es hostil por la violencia física, sino que ha mutado hacia una estrategia de asedio institucional y digital sin precedentes.
Con 400 alertas registradas, México se posiciona como el segundo país con más agresiones en la región, solo superado por Colombia, pero con una letalidad que no cede: Siete asesinatos documentados, un repunte frente a los cinco casos de 2024.
El crecimiento del 200% en hostigamiento judicial hacia la prensa
Uno de los puntos más críticos del informe es la consolidación del aparato legal como una herramienta punitiva. El hostigamiento judicial en México registró un avance crítico del 200% respecto al año anterior, pasando de 15 procesos civiles o penales en 2024 a un total de 48 casos en 2025. Esta cifra representa el 12% del total de las agresiones en el país.
El reporte advierte que el sistema de justicia ya no opera para buscar la verdad, sino para generar un desgaste económico, emocional y profesional en los comunicadores. En un contexto donde la independencia judicial se ve comprometida, la elección popular de jueces genera condiciones idóneas para que el aparato judicial sea instrumentalizado por actores políticos. Un caso paradigmático citado es el de Rafael León Segovia ("Lafita" León) en Veracruz, detenido bajo cargos de terrorismo tras su cobertura en zonas de alta criminalidad, lo que ilustra cómo el derecho penal se utiliza para enviar mensajes de silenciamiento.
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Opacidad institucional y la desaparición de los contrapesos
El acceso a la información pública, pilar de la vigilancia ciudadana, enfrenta un retroceso histórico. México encabeza, junto a Colombia y Argentina, la lista de países con más restricciones burocráticas. Durante 2025, se registraron 48 alertas de restricción al acceso a la información, todas atribuidas a actores estatales.
Este fenómeno se agrava con la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), cuyas funciones fueron absorbidas por el Poder Ejecutivo. El informe subraya que esta centralización elimina la independencia de los mecanismos de transparencia, dejando a los periodistas a merced de la voluntad gubernamental para abrir o cerrar datos de interés público. La exclusión sistemática de reporteros críticos de espacios oficiales se ha convertido en una política de Estado que busca blindar la gestión pública del escrutinio independiente.
La violencia digital y el ensañamiento contra las mujeres periodistas
El informe detectó un desplazamiento significativo en las modalidades de agresión. Mientras que en años anteriores predominaban los ataques físicos, en 2025 las agresiones verbales y digitales concentraron el 28.5% de las alertas. El entorno virtual se ha convertido en el principal escenario de acoso, especialmente para las mujeres periodistas.
De las alertas transversales por violencia de género, el 80.6% ocurrió en el entorno digital. Las periodistas enfrentan campañas coordinadas de desprestigio, comentarios misóginos y amenazas de violencia sexual que buscan expulsarlas del debate público. Un ejemplo de este "uso expansivo" de la ley es el caso de Rubí Soriano en Puebla, denunciada por presunta violencia política de género tras publicar una nota crítica sobre una candidata, evidenciando cómo legislaciones creadas para proteger derechos son retorcidas para censurar contenidos.
Recomendaciones y la urgencia de una reforma estructural
Ante este panorama de "silenciamiento múltiple", la Red Voces del Sur y Artículo 19 plantean la necesidad urgente de reformas que devuelvan las garantías mínimas al ejercicio informativo. Entre las recomendaciones destacan:
- Fortalecimiento real de los mecanismos de protección: Que dejen de ser reactivos y atiendan el origen de las amenazas.
- Blindaje judicial: Impedir que el sistema legal sea una extensión de la censura.
- Garantías de transparencia: Restablecer instituciones independientes que aseguren el acceso a la información sin sesgos partidistas.
- Respuesta al acoso digital: Desarrollar protocolos específicos para frenar la violencia diferenciada contra mujeres periodistas en redes sociales.
El periodismo no está solo bajo fuego; está bajo el peso de un sistema que quiere que el silencio sea la norma para que la rendición de cuentas desaparezca.
