El llamado huachicol fiscal volvió al centro de la conversación pública tras la aparición de nuevos elementos en una investigación internacional sobre presuntas redes dedicadas al contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México. A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, este esquema combina operaciones de contrabando, evasión de impuestos, facturación irregular y el uso de empresas para introducir hidrocarburos al país con documentación presuntamente alterada.
Uno de los nombres que ha cobrado relevancia es el de Luis Rivera, identificado por el diario El País como testigo colaborador en un caso que se sigue en Estados Unidos contra integrantes de la familia Jensen, señalados por presuntas operaciones relacionadas con el tráfico de combustibles. De acuerdo con esa investigación periodística, Rivera habría proporcionado información sobre la forma en que operaban estas redes para mover hidrocarburos desde Texas hacia territorio mexicano.
Así operaba la presunta red internacional de huachicol fiscal
Según la información publicada por El País, Luis Rivera cuenta con un historial de más de dos décadas vinculado al contrabando de combustibles. Su testimonio describe un mecanismo que iba mucho más allá del robo tradicional de gasolina o diésel.
La presunta operación consistía en coordinarse con empresas de logística para trasladar combustible desde Estados Unidos hacia México. Parte del hidrocarburo, según la versión presentada ante las autoridades estadounidenses, habría tenido origen en combustible previamente robado en territorio mexicano, que posteriormente era exportado y reintroducido mediante operaciones comerciales con documentación distinta a la naturaleza real de la mercancía.
Las investigaciones también apuntan a que algunas de estas operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas en Tamaulipas para ingresar el combustible al país.
Las versiones sobre presuntos nexos políticos
El tema ha generado un nuevo debate luego de que el medio digital Código Magenta publicara una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente algunos de sus hijos.
Hasta el momento, esas publicaciones forman parte de investigaciones periodísticas y no constituyen una resolución judicial. Tampoco existe una sentencia que acredite responsabilidades penales contra las personas mencionadas en esos reportes.
No obstante, la difusión de estos señalamientos ha incrementado la presión para que las autoridades mexicanas esclarezcan si existen conexiones entre las organizaciones dedicadas al llamado huachicol fiscal y actores políticos o empresariales.
Un problema que trasciende el robo de combustible
Especialistas en seguridad y finanzas públicas han advertido que el huachicol fiscal representa una amenaza distinta al robo tradicional de hidrocarburos, ya que implica pérdidas millonarias por evasión de impuestos, competencia desleal para las empresas que operan legalmente y posibles vínculos con organizaciones criminales.
Además del impacto económico, este tipo de operaciones suele involucrar complejas redes de transporte, almacenamiento, importación y comercialización que dificultan rastrear el origen real del combustible.
