Ciudad de México.- Durante la sesión pública del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de este martes, se llevó a cabo el cumplimiento de ejecutoria que condena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pagar 5 millones 469 mil pesos, a cada uno de los familiares demandantes por la muerte de Jorge Otilio Cantú a manos de una partida militar en Monterrey, Nuevo León.
La Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, expuso que la esposa, padre y madre del joven finado, comparecieron a demandar la nulidad de la resolución negativa correspondiente al escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, presentada el 20 de abril de 2016 ante la Procuraduría General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la que solicitan una indemnización conjunta por muerte, gastos funerarios y daño moral, en cantidad total de 51 millones, 450 mil, 638 pesos.
El 18 de abril de 2011, militares en funciones de policía adscritos a la Sedena, iniciaron una persecución en 4 patrullas contra un vehículo y una camioneta reportados con tripulantes armados, quienes fueron alcanzados en la Avenida Garza Sada, sin embargo en el trayecto de los vehículos perseguidos a la altura de la Avenida Lázaro Cárdenas, los vehículos perseguidos alcanzaron a una camioneta color guinda, conducida por Jorge Otilio, quien viajaba a baja velocidad, y fue rebasada por los militares quienes le hicieron varios disparos.
La conducta de los militares no obedeció a una confusión
La Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, manifestó que resultó evidente que los militares advirtieron que esa última camioneta, la guinda, en la que viajaba Jorge Otilio era ajena a la persecución y fue alcanzada en el desarrollo de la misma, no obstante, le dispararon a pesar de que el joven de 29 años no estaba armado y no repelió la agresión.
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En la sesión de este día se concluyó que la conducta de los militares no obedeció a una confusión, equivocación o mero accidente, ni se trató de una reacción en legítima defensa, sino se trató de un ataque directamente en contra de él mismo.
El 28 de diciembre de 2017, un juez sexto de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León, dictó sentencia definitiva a los militares responsables por el delito de homicidio calificado con ventaja, en la que se condenó a 22 años y 6 meses de prisión.
