América del Norte experimenta una reducción de aves, parte de una extinción masiva aún más amplia que se desarrolla en todo el mundo.
Sólo en los Estados Unidos y Canadá, la población general de aves ha disminuido en 29 por ciento desde 1970, o casi tres mil millones de aves.
Muchos conservacionistas dicen que esta reducción garantiza mayor protección para las poblaciones de aves, pero la administración del presidente Donald Trump ha optado por ir en la dirección opuesta, al proponer una regla que despenalizaría la matanza de aves protegidas, siempre y cuando “no sea intencional”.
Esto va destinado a proporcionar “certeza regulatoria”, afirma el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS por sus siglas en inglés), al concluir que la muerte de aves por una actividad particular “no está prohibida cuando el propósito subyacente no es capturar aves”.
La regla formalizaría la política de la administración Trump desde 2017, cuando un abogado del Departamento del Interior emitió un memorando argumentando que las leyes de conservación no deberían aplicarse a la matanza “incidental” de aves protegidas.
El FWS ha dejado de investigar la mayoría de las muertes de aves, e incluso ha llegado al punto de desalentar a los gobiernos y las empresas locales a tomar medidas para proteger a las aves, por lo que, si bien la política ya es vigente, codificarla así hará más difícil revocarla en el futuro.
Esto es un cambio importante para la aplicación de la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918 (MBTA por sus siglas en inglés), que es “la ley de protección de aves más importante de Estados Unidos”, según la Sociedad Nacional Audubon, a la cual se atribuye salvar muchas especies importantes e icónicas de la extinción, incluidas garcetas nevadas, patos de madera y grullas de arena, así como millones de otras aves.
La medida beneficiará principalmente a la industria de combustibles fósiles, a las compañías de energía y a los grandes desarrolladores, ahorrándoles el costo de las precauciones para evitar muertes involuntarias, a menudo predecibles, de aves.
La muerte accidental de aves rara vez se procesa bajo el MBTA, pero sirvió como base parcial para un acuerdo de 100 millones de dólares con British Petroleum, por ejemplo, sobre aves muertas por el derrame de petróleo de Deepwater Horizon 2010.
ExxonMobil pagó 600 mil dólares en 2009 por matar 85 aves en cinco estados, el mismo año que PacifiCorp fue multado con 10.5 millones de dólares por electrocutar 232 águilas en líneas eléctricas y subestaciones.
En 2013, Duke Energy acordó pagar un millón de dólares por la muerte de 14 águilas y otras 149 aves en dos parques eólicos de Wyoming, que precedieron a las directrices de la era de Obama que alientan a las compañías de energía eólica a evitar sitios que amenazan la vida silvestre.
El potencial de sanciones fomentó una cultura de tomar precauciones para evitar la muerte de aves, argumentan los conservacionistas. Ahora, al anunciar que las aves protegidas pueden ser asesinadas legalmente, siempre y cuando el objetivo no sea matar aves, les preocupa que el gobierno esté erosionando esa cultura.
“La norma envía una señal irresponsable, y legalmente incorrecta, a la industria de que ya no se necesitan medidas de sentido común para proteger a las aves como la garceta nevada, el pato de madera y la grulla Sandhill”, dice Collin O’Mara, presidente y CEO de Federación Nacional de Vida Silvestre.
Las actividades industriales en los Estados Unidos matan a unos 700 millones de aves por año, la mayoría por colisiones con vidrio, aunque 72 millones muere por envenenamiento; 25 millones, por colisiones con líneas eléctricas; seis millones, por colisiones con torres de comunicación; cinco millones, por electrocución; 750 mil, por pozos de petróleo y 234 mil por choques con turbinas eólicas terrestres, según el FWS.
Si las empresas saben que pueden ser multados por matar pájaros accidentalmente, tienen un incentivo para ubicar sus proyectos en lugares más seguros o tomar otras precauciones que protejan a las aves, argumentan los críticos de la regla.
Sin embargo, según la política propuesta, el riesgo de penalización ya no existe a menos que el propósito declarado de un proyecto sea matar aves, lo que permite a las empresas matar aves accidentalmente si las precauciones de seguridad se consideran demasiado caras.
La regla propuesta se publicó en el Registro Federal el 3 de febrero, comenzando un período de comentarios públicos de 45 días. Los comentarios por escrito deben recibirse antes del 19 de marzo, de acuerdo con el FWS, ya sea a través de un portal en línea o del correo tradicional.
El gobierno de Trump ha comenzado a ser demandado por esta política, por una coalición de grupos ambientalistas y fiscales generales de varios estados, y la nueva propuesta puede dar lugar a demandas adicionales.
“Con un estudio reciente que encuentra que hay 3 mil millones menos de aves en América del Norte que hace 50 años, uno pensaría que querríamos más protección, no menos”, dice el director de especies en peligro de extinción de la Convención para la Diversidad Biológica, Noah Greenwald.
