¡Ilegal! Un juez federal en Estados Unidos declaró que el presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley luego del uso de tropas para labores de seguridad interna en Los Ángeles.
El fallo marca un duro revés para la administración Trump, que justificó el despliegue de los unificados como parte de sus políticas de control migratorio.
¿Qué sucedió con el despliegue militar en Los Ángeles?
De acuerdo con documentos judiciales, la Casa Blanca ordenó el envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional y de los Marines a zonas estratégicas de Los Ángeles, con el objetivo de reforzar medidas de seguridad vinculadas a la inmigración.
¿Ilegal uso de tropas en Los Ángeles? Sin embargo, la Constitución y la “Ley Posse Comitatus” prohíben que el ejército partícipe directamente en funciones policiales dentro del territorio estadounidense, salvo casos específicos autorizados por el Congreso.
“Abuso de poder”: Demanda gobernador de California ante uso de tropas en Los Ángeles
La demanda fue presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la acción como un “abuso de poder” y una amenaza a los derechos civiles.
Luego de revisar los argumentos, el juez a cargo concluyó que Trump y Hegseth sobrepasaron sus facultades legales, dejando claro que el uso de militares para “controlar” a la población civil constituye una violación a la legislación vigente.
Declaran ilegal el uso de tropas ordenado por Trump en Los Ángeles: ¿qué impacto tiene esta decisión?
El dictamen llega en un momento clave, pues se sabe que Trump aún evalúa la posibilidad de enviar tropas a otras ciudades bajo justificación de seguridad nacional. Expertos señalan que este fallo podría frenar futuras iniciativas similares y abrir la puerta a más demandas en contra del presidente. El fallo establece un precedente importante, al advertir que ninguna administración puede usar a las fuerzas armadas como herramienta de represión interna.
De acuerdo con analistas constitucionales citados por The Washington Post, esta resolución es un recordatorio de que las instituciones judiciales funcionan como contrapeso al poder presidencial, incluso en temas de seguridad.
El fallo contra Trump abre un debate mayor: ¿debe un presidente tener facultades para usar a las fuerzas armadas en territorio nacional bajo el pretexto de seguridad? La decisión judicial marca un precedente, pero también plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y democracia.
