En un país donde las víctimas viven presas del miedo y la impunidad se normaliza, una jueza de Veracruz libera a un presunto extorsionador de Coatzacoalcos, pese a las pruebas que lo señalaban directamente. La resolución judicial, emitida por la jueza Indira Abigail, ha causado un profundo malestar entre empresarios y ciudadanos del sur del estado, donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más recurrentes y temidos.

De acuerdo con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, el imputado José Javier ‘N’ era titular de la cuenta bancaria donde las víctimas depositaban el dinero exigido bajo amenazas.

Sin embargo, pese a los indicios y la gravedad del delito, la jueza decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a firma periódica, permitiendo su libertad.

Empresarios vinculan el fallo con los efectos de la reforma judicial

El caso ha desatado indignación entre expertos en seguridad y representantes del sector empresarial, quienes bajo el anonimato advierten que este tipo de decisiones son consecuencia directa de la reciente reforma judicial.

“Obviamente esto es resultado y está vinculado a la reforma judicial, a elegir o poner en lugares muy importantes de administración y procuración de justicia a gente que no reúne el perfil, que no cuenta con la preparación ni la vocación”, declaró un testigo bajo anonimato.

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La víctima decidió huir de la ciudad por temor

El imputado fue detenido el 16 de octubre tras una orden de aprehensión por extorsión agravada en complicidad con Jesús Alberto ‘N’, quien permanece recluido en el penal Duport Ostión. Sin embargo, el pasado 22 de octubre, la jueza lo vinculó a proceso bajo el expediente 315/2025, pero ordenó su libertad con restricciones como no salir del país ni acercarse a la víctima.

“Es un daño a la sociedad, el hecho de que se emitan este tipo de determinaciones que rayan en la injusticia y al margen de la ley, lastima y enoja a la sociedad”, añadió el testigo.

Temerosa de sufrir represalias, la víctima decidió abandonar Coatzacoalcos, mientras la resolución judicial reaviva el debate sobre la impunidad y la fragilidad del sistema de justicia en Veracruz.