El contraste de las narrativas de Morena: De la sentencia de García Luna a la defensa de Rocha Moya

La relación entre la justicia de Estados Unidos y la política mexicana ha entrado en una fase de contrastes evidentes. Al analizar las posturas oficiales frente a dos de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años, siendo el de Genaro García Luna y el de Rubén Rocha Moya, se observa un cambio abrupto en el discurso que va desde la validación absoluta de las autoridades de EU hasta la exigencia de cautela y soberanía.

Cuando el sistema judicial de Nueva York procesó y sentenció a Genaro García Luna por vínculos con el crimen organizado, la reacción del partido Morena fue de un respaldo total a la contundencia de las pruebas estadounidenses.

La relevancia de este personaje en el discurso del oficialismo es innegable, pues a lo largo de su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón más de 450 veces en sus conferencias mañaneras. Incluso hubo periodos, especialmente durante su juicio en Nueva York (enero-febrero de 2023), donde el tema se tocaba prácticamente a diario, llegando a ocupar hasta el 20% del tiempo de la conferencia en algunas sesiones.

Esta frecuencia ayudó a convertir a García Luna en la pieza central e incluso en "villano favorito" para sustentar la narrativa de un narcoestado previo, elevando el veredicto de la corte estadounidense a la categoría de verdad absoluta para fortalecer la narrativa de "transformación nacional" de Morena.

Mientras que en febrero de 2023 el oficialismo celebraba que la justicia de Estados Unidos hiciera el trabajo que los jueces mexicanos 'no querían hacer' (llamándolo una 'llamada de atención'), hoy esa misma justicia es señalada como una herramienta de "intervencionismo".

En contraste, ante la reciente investigación y solicitud de extradición que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y la facción de "Los Chapitos", el tono ha cambiado drásticamente. En lugar de las constantes menciones para exigir justicia o desglosar pruebas, el gobierno se ha enfocado en una defensa institucional y una exigencia de pruebas al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mientras que con García Luna el peso de la acusación estadounidense fue suficiente para dictar un juicio político inmediato desde el estrado presidencial, con el gobernador sinaloense se ha activado un mecanismo de protección. El oficialismo argumenta que las acusaciones actuales podrían estar motivadas por "intereses políticos externos", subrayando que en este caso se debe respetar la presunción de inocencia y la soberanía, una postura que contrasta con la validación automática que se le dio a la justicia de EE. UU. con López Obrador.

Esta comparativa expone claramente que la la justicia parece ser válida solo cuando le afecta al de enfrente. Lo que vemos aquí es un uso político de la ley que depende de quién se encuentra en el poder y a quién le afecta la acusación.

¿Por qué el oficialismo defiende a capa y espada a Rocha Moya mientras usó a García Luna como bandera de justicia? Porque aceptar las pruebas de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense significaría algo devastador para el discurso oficial: aceptar que el narcotráfico está implicado directamente en el gobierno actual. Admitir la validez de esa investigación sería reconocer que las redes de complicidad que tanto criticaron del pasado siguen vivas y operando en casa. Por eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que antes era una fuente confiable, hoy es visto como una amenaza que debe ser frenada con el discurso de "la soberanía".