Periférico
Crédito: @SEDEMA_CDMX
06 noviembre, 2020
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Inicia demolición de inmueble en Presa Anzaldo en CDMX

La Sedema inició la demolición de las obras e instalaciones asociadas al proyecto denominado “Edificio de Oficinas Periférico 3042”, localizado en la colonia San Jerónimo Aculco en Álvaro Obregón.

Iniciaron las obras de demolición de las obras del predio conocido como Presa Anzaldo, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3042, en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía Álvaro Obregón.

  La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que se demolerá una superficie total de 53 mil 22.974 metros cuadrados, lo que representa el 75% de avance con respecto al proyecto completo, cuya inversión es de 402 millones 51 mil 855 pesos.

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En la demolición también participa la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) de este edificio, que ya tenía 18 niveles sobre el nivel de la banqueta y 11 niveles bajo el mismo.

Además de la demolición del inmueble, en el dictamen del daño ambiental se especifica que los desarrolladores del proyecto pagarán poco más de 61 millones de pesos al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.

El costo estimado de las obras de demolición es de 30 millones de pesos, que pagará la desarrolladora. En las obras de demolición trabajan 80 personas y el proceso durará aproximadamente 60 días.

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“Nunca se demostró, por parte del promovente de la obra, que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra, además de que ya contaba con negativa en materia ambiental a este proyecto”, aseguró Andrée Lilian Guigue, titular de la DGEIRA.

“Entonces, además de ya tener las negativa del proyecto, construye sin autorización, invade la zona federal, es decir, el cuerpo de agua; hizo todo lo que ningún desarrollador debe de hacer, que es justamente toda una serie de actividades irregulares, ilegales”, puntualizó.

Tras un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de las obras y, dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó que la DGEIRA lleve a cabo la demolición.

El 4 de julio de 2019 la Sedema emitió una resolución, a través de la cual se determinó la demolición de dicho inmueble y la imposición de multas por un monto de 61 millones 441 mil 843.33 pesos.

Sin embargo, el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, obteniendo de manera provisional la suspensión del acto, a fin de continuar con la construcción.

En respuesta, el gobierno de la Ciudad de México inició una estrategia jurídica para ejercer acciones legales a través de la vía administrativa y de la penal, con la finalidad de evitar que los trabajos de construcción continúen y los posibles actos de corrupción que dieron origen a la construcción del inmueble.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, entre los requisitos que incumplió la empresa está el Dictamen de Impacto Urbano, la Manifestación de Impacto Ambiental e irregularidades en la manifestación de construcción, entre otros.

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