Cd. de México.- La organización Observatorio Nacional Ciudadano, realizó un comparativo referente a las estadísticas sobre incidencia delictiva presentadas durante el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y las que existen en registros de dependencias oficiales, las cuales aseguran, no coinciden.
En un amplio análisis sobre la información emitida en el mensaje a la nación del presidente de la República, en materia de seguridad y justicia, el organismo civil asegura que se destacan logros sin asumir responsabilidades ni reconocer errores, es decir, afirma, fue un discurso político que nunca buscó rendir cuentas.
Precisa que López Obrador señaló bajas en la incidencia de los delitos sin especificar periodos, lo que hace imposible corroborar dichos datos; afirmó que el feminicidio bajó un 30%, pese a que según datos oficiales, este año, comparado con el mismo periodo de 2019, este delito creció un 5.40%; insistió en la contención de la violencia pese a que las víctimas de homicidio doloso han crecido 1.7% y omitió señalar que las bajas en los delitos comunes (robos, secuestros y extorsiones) son un efecto directo del confinamiento y no de una política de seguridad.
Asimismo, el mandatario mediante su discurso presumió que en esta administración se logró erradicar la tortura cuando, tan solo de enero a junio de 2020, de acuerdo con el Sistema de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se registraron 6 quejas contra la Fiscalía General de la República (FGR), contra la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC)1, 2 contra la Secretaría de Marina (SEMAR), 1 contra la Guardia Nacional y 1 contra la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento señala que durante el Primer Informe, el presidente aseguró que su gobierno orientó sus acciones a la prevención de la violencia y el delito, al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a mejorar la coordinación territorial entre las instancias de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, pero durante el segundo informe no hay mayores datos de comparación.
Sin embargo, para el Observatorio Nacional Ciudadano, dimensionar el alcance de esas acciones solo se da cuenta de los esfuerzos, no de los resultados.
Aclara que el plan sobre implementar mecanismos e instancias de coordinación a nivel estratégico, táctico y operativo entre los distintos niveles de gobierno sigue siendo un reto que no se ha llegado a materializar.
Referente a la estrategia de seguridad pública a nivel nacional, aclara el organismo civil, que sigue teniendo un componente centralista y un factor de suma relevancia que queda pendiente, es la falta de vinculación entre las instituciones de seguridad con las de procuración de justicia.
Dentro de las acciones realizadas de acuerdo con la narrativa oficial, solo destaca la crónica de las reuniones realizadas, los comités instalados, los mecanismos implementados o las estrategias adoptadas, pero no se describen los logros realizados o alguna forma de medirlos.
El amplio estudio asegura que el actual gobierno sigue la inercia de administraciones anteriores para desalentar la oferta de sustancias ilegales. No obstante, en los asuntos medulares del cambio de la estrategia de seguridad no existe evidencia o información disponible que permita corroborar la manera en que la atención los programas de apoyo para jóvenes, por ejemplo, estén reduciendo la inseguridad y la violencia en el país.
Respecto a la creación de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, la coordinación con gobiernos locales, la dignificación de las cárceles o la priorización de los exámenes psicológicos sobre el polígrafo (en el contexto de las pruebas de control de confianza para personal de seguridad), pero no se indican resultados que prueben la idoneidad de esas medidas para mejorar las condiciones de seguridad pública.
Por otro lado asegura que uno de los elementos que no suele abordar el presidente mediante su discurso tiene que ver con el presupuesto en materia de seguridad.
En relación con este tema, compara el gasto en seguridad como porcentaje del PIB, precisa que actualmente México gasta alrededor del 0.8% del PIB, casi la mitad de lo que dedican a seguridad los países de la OCDE y 45% menos de lo que gastan en promedio los países de América Latina.
