Con el fin de proteger los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la brecha para que aquellos con discapacidades de este tipo puedan ampararse en contra del internamiento por la fuerza en hospitales psiquiátricos.
El máximo tribunal ordenó que se deberá tramitar una demanda de amparo que fue desechada por un juez federal, en contra del posible internamiento involuntario, a partir de un caso de mujeres con discapacidad.
SCJN señaló que internar a una persona por la fuerza atenta contra los derechos humanos
Además, los ministros consideraron que fue incorrecto que el juez de Distrito desechara otorgar el amparo bajo el argumento de que la persona que accionó el juicio no estaba internada en el hospital, explicaron que, ante posibles violaciones graves a derechos humanos, el artículo 15 de la Ley de Amparo prevé un mecanismo especial de protección constitucional que permite a cualquier persona promover una demanda en nombre de otra, cuando esta última se encuentre imposibilitada para hacerlo por su cuenta.
También precisaron que el mantener internadas a mujeres en instituciones psiquiátricas sin su consentimiento puede involucrar ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, así como incomunicación, tortura y tratos crueles e inhumanos.
En el razonamiento de los integrantes de la Segunda Sala se dijo que el juez de distrito estaba obligado a tomar en consideración que el asunto puede involucrar a mujeres con discapacidad, por lo que debió adoptar un papel más activo y flexible para garantizar que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones.
Queja fue de una mujer que aún no estaba internada, pero corría el riesgo de estarlo
Ordenaron dar intervención al Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien cuenta con asesores jurídicos especializados en atención a personas con discapacidad.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de cinco votos. Los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales anunciaron voto concurrente.
Lo anterior fue ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar un recurso de queja de una persona que aún no está internada en un hospital psiquiátrico, pero corría el riesgo de estarlo por la fuerza.