La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció presuntas irregularidades en la operación de cooperativas de trabajadores de limpieza impulsadas por el Gobierno federal, al señalar que el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), encabezado por Catalina Monreal, habría asumido el control financiero de estas organizaciones, pese a que originalmente su papel sería únicamente de acompañamiento y capacitación.
De acuerdo con la investigación presentada por la periodista Valeria Durán, el caso se deriva de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles, una iniciativa lanzada el año pasado con el objetivo de que trabajadores de limpieza que laboraban para empresas privadas conformaran sus propias sociedades cooperativas y pudieran participar directamente en contratos gubernamentales.
Según lo expuesto por MCCI, la propuesta buscaba fortalecer la economía social y permitir que los propios trabajadores administraran sus organizaciones. Sin embargo, la investigación sostiene que, una vez constituidas las cooperativas, el manejo de los recursos quedó en manos del INAES.
Cooperativistas aseguran que no controlan los recursos ni conocen el destino del dinero
De acuerdo con los testimonios recabados por Mexicanos Contra la Corrupción, después de crear las sociedades cooperativas, a sus integrantes se les solicitó tramitar créditos superiores a 3 millones de pesos ante Financiera para el Bienestar (Finabien).
Los trabajadores consultados afirmaron que, una vez autorizado el financiamiento, el dinero fue transferido al INAES, institución que, según sus declaraciones, administra las cuentas sin que los cooperativistas tengan acceso a información detallada sobre el uso de esos recursos.
Los denunciantes aseguraron que no han recibido estados de cuenta ni documentación que les permita conocer en qué se ha ejercido el dinero obtenido mediante esos préstamos.
La investigación también señala que las tres cooperativas involucradas han recibido contratos del Gobierno federal por un monto superior a 76 millones de pesos. No obstante, los trabajadores cuyos nombres aparecen como socios en las actas constitutivas sostienen que continúan percibiendo el mismo salario que recibían anteriormente y que no participan en la administración de las cooperativas.
Además, algunos de los entrevistados afirmaron que se les ha pedido mantener reserva sobre la forma en que se manejan las cuentas bancarias y la operación financiera de las organizaciones.
De acuerdo con los testimonios citados por MCCI, varios cooperativistas señalaron que el proyecto les fue presentado como una oportunidad para convertirse en sus propios empleadores. Sin embargo, aseguran que, en la práctica, continúan sin controlar las decisiones financieras de las sociedades que legalmente integran.
