La Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima activó una alerta del Protocolo Alba debido a la desaparición de Joana Rubí Campos Rico en la ciudad de Colima, desde el pasado 3 de agosto pasado.
De acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía de Colima la adolescente de 15 años fue vista por última vez el pasado 3 de agosto y desde ese día se desconoce su paradero.
Las autoridades alertaron que temen que Joana Rubí Campos Rico sea víctima de algún delito y temen por su integridad física.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Joana Rubí es mexicana, de complexión delgada, 1.68 metros de estatura, tez clara, cabello negro a los hombros y lacio, cejas delgadas, ojos grandes, color café claro, boca mediana, labios delgados, orejas medianas.
No refiere señas particulares ni la ropa que vestía el día que desapareció. Pero menciona que fue vista el 3 de agosto aproximadamente a las 18:00 horas en el domicilio ubicado en la colonia Las Haciendas en la ciudad de Colima y la denuncia fue presentada ayer 4 de agosto.
Si alguien cuenta con información relacionada se solicita marcar a los números referidos en la ficha que a continuación se comparte:
El Protocolo Estatal Alerta Alba, solicita su apoyo y colaboración para difundir los datos de esta persona que no ha sido localizada.
— Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) August 4, 2022
Favor de comunicarse a los teléfonos de la Fiscalía General del Estado. 312 316 45 80, 312 316 45 81, 312 316 45 82, 312 316 45 83, 312 316 45 84 pic.twitter.com/WCgdKNOpUH
¿Qué es el Protocolo o Alerta Alba?
Protocolo o Alerta Alba, es “la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas”.
Se creó debido a que las primeras horas tras la desaparición de la persona en cuestión, son cruciales para su localización. Además, estandariza todos los delitos relacionados con: desapariciones, violencia sexual y homicidios.
De igual manera, surgió como respuesta a la problemática de la sentencia conocida como ‘Campo Algodonero’ y fue en el 2021 cuando se modificó el Protocolo Alba y comenzó a operar en Chihuahua en el 2003.
Para su correcto funcionamiento, se basa en un Comité Técnico de Colaboración institucional que trabaja con Fiscalías y/o Procuradurías e incluso, las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.
