¿Quién es Tatiana Marset Alba? La “Barbie Narco” investigada en Bolivia por la red de su hermano Sebastián Marset

Tatiana Marset Alba es una ciudadana uruguaya de 22 años, conocida en los medios internacionales como la "Barbie Narco" por ser la media hermana y presunta colaboradora del capo del narcotráfico Sebastián Marset.

La joven saltó a la luz pública la madrugada del 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando fue capturada por la Policía de Bolivia durante el mismo operativo cinematográfico en el que cayó su hermano. Las autoridades la imputaron por los delitos de organización criminal, asociación delictiva, tenencia ilícita de armas y lavado de dinero, señalándola como parte del círculo íntimo que ayudaba al capo a gestionar su logística y bienes mientras estuvo prófugo.

Llamó la atención desde el primer día de su arresto al ingresar sonriente ante las cámaras durante su presentación oficial, esa actitud fue la que le valió su apodo mediático antes de ser enviada a prisión preventiva a la cárcel de máxima seguridad de Palmasola en Bolivia. A diferencia de su hermano, quien fue trasladado a Estados Unidos por la DEA para ser juzgado, la joven permaneció encarcelada en suelo boliviano procesada como cautelar por su presunto rol en el clan familiar.

Con antecedentes familiares marcados por el crimen organizado, su medio hermano Diego Marset Alba también fue investigado y detenido en Brasil con pasaportes falsos, la situación de Tatiana Marset Alba dio un giro al obtener recientemente la prisión domiciliaria tras argumentar problemas de salud derivados de una pancreatitis. La justicia le fijó arraigo en el país, firma semanal y custodia policial obligatoria para cualquier desplazamiento.

Actualmente, la joven reside en la casa de su defensora legal, la abogada Mónica Terrazas, en Santa Cruz de la Sierra. Según declaró su defensa, la estancia de la acusada en el penal de Palmasola la motivó a inscribirse en la universidad para estudiar la carrera de Derecho y dedicarse en el futuro a la defensa de personas privadas de la libertad, decisión que deberá ejecutar bajo escolta policial mientras el Ministerio de Gobierno apela la resolución para intentar devolverla a prisión.