Mientras en Estados Unidos los señalan por presuntos vínculos con el narcotráfico y ya pesan alertas internacionales en su contra, en México el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros personajes cercanos al morenismo aparecieron tranquilamente en instalaciones de la Fiscalía de Sinaloa. No llegaron esposados, no hubo operativo especial y mucho menos señales de que la justicia mexicana piense actuar contra ellos. Más bien pareció una visita entre conocidos.
La propia presidente Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que si los acusados salen del país podrían ser detenidos en cualquier otra nación por la ficha roja emitida a nivel internacional. Es decir: fuera de México sí corren riesgo. Dentro del país, no.
La protección política sigue intacta
El mensaje dejó más preguntas que respuestas. Porque mientras otros países podrían ejecutar una detención derivada de los señalamientos de Estados Unidos, en territorio mexicano los acusados siguen moviéndose con absoluta tranquilidad. Fiscalía, clubes privados, reuniones políticas o residencias en Badiraguato: nada parece fuera de límites.
En el caso de Enrique Inzunza, las imágenes recientes lo mostraron primero en la casa de su madre en Badiraguato y después en el Country Club de Culiacán acompañado por Javier Corral. La escena provocó molestia incluso entre socios del exclusivo club, donde comenzaron los reclamos por permitir la presencia de alguien señalado por la justicia estadounidense.
Algunos accionistas exigieron que se le restrinja el acceso mientras se aclara su situación legal. El reclamo no fue menor: cuestionaron que el club tenga que cargar con el desgaste público de convivir con un personaje acusado de nexos con el crimen organizado.
En México no pasa nada… aunque exista ficha roja
México pertenece a la Interpol desde 1955, pero en este caso la cooperación internacional parece quedarse congelada en la frontera. La narrativa oficial insiste en que no existe obligación inmediata de detenerlos, aunque el señalamiento ya escaló a nivel internacional.
Mientras tanto, el discurso de Morena sigue apostando por minimizar el impacto político del caso. Inzunza incluso aseguró que acudiría “con la frente en alto” al próximo periodo extraordinario del Congreso. Pero la realidad es otra: lejos de enfrentar consecuencias, continúa protegido por el aparato político.
Y ese es justamente el mensaje que termina exhibiendo este episodio. Porque mientras en otros países una ficha roja suele convertirse en sinónimo de captura inmediata o aislamiento político, en el México de la 4T los señalados aparecen caminando sin problema entre fiscalías, clubes privados y círculos de poder.
La justicia internacional los busca. Pero aquí, por ahora, nadie parece dispuesto siquiera a incomodarlos.
