Lo que tendría que pasar para que un gobernador sea destituido en México; ¿quién podría reemplazar a Rubén Rocha Moya?

En México, la destitución de un gobernador no sucede por presión política ni por una protesta social, sino mediante una serie de procesos previstos en la Constitución, además de en las leyes estatales. El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reaviva la pregunta acerca de qué tendría que pasar para removerlo y quién asumiría el cargo en el caso de una falta definitiva.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí se puede destituir a un gobernador pero solo bajo condiciones específicas y existen mecanismos como:

• Juicio político
  
• Declaración de procedencia (desafuero)
  
• Desaparición de poderes en un estado.

En el Artículo 116 de la Constitución de México se establece que los gobernadores pueden ser removidos, pero los procedimientos concretos dependen de la Constitución de cada estado.

“El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad”.

En la práctica, esto significa que debe existir una causa legal y un proceso formal, no solamente una exigencia pública. Entre las vías posibles están la revocación de mandato, el juicio político o, en escenarios extremos, la desaparición de poderes.

El juicio político procede cuando un servidor público comete actos u omisiones que afectan gravemente los intereses públicos. Este proceso lo inicia la Cámara de Diputados y lo resuelve el Senado. Por otro lado, la desaparición de poderes, contemplada en el artículo 76 constitucional, permite al Senado intervenir cuando se rompe el orden constitucional en una entidad.

Para que Rubén Rocha Moya sea destituido, tendría que comprobarse alguna de las siguientes situaciones:

• Violaciones graves a la Constitución o a derechos fundamentales
  
• Incapacidad para ejercer el cargo
  
• Crisis institucional que impida gobernar.

En cualquiera de los casos, el proceso requeriría pruebas sólidas, investigación formal y votaciones en el Congreso federal o local, según el mecanismo utilizado.

Si se concreta la destitución de un gobernador o este deja el cargo, entra en juego la legislación estatal. En el caso de Sinaloa, el Congreso local tendría la facultad de nombrar a un gobernador interino o sustituto.

Cabe señalar que este perfil debe cumplir con los requisitos constitucionales y su permanencia dependerá del momento del sexenio:

• Si falta mucho tiempo para concluir el mandato, se puede convocar a elecciones
  
• Si el periodo está por terminar, el Congreso designa a un sustituto hasta finalizar el sexenio.

Cabe decir que es un proceso poco frecuente y políticamente complejo. La mayoría de los casos se resuelven mediante presión política, licencias temporales o renuncias, más que por destituciones formales; cabe decir que Instituciones como el Senado de la República y la Cámara de Diputados juegan un papel clave en estos escenarios.

La destitución de un gobernador en México no es inmediata ni sencilla; requiere un proceso legal sólido y consensos políticos de alto nivel. La pregunta queda abierta: ¿se trata de un escenario realista o de una presión política en evolución?