La posibilidad de que Rubén Rocha Moya regrese a la gubernatura de Sinaloa volvió a encender el debate político. Mientras voces de Morena consideran que su reincorporación sería legal e incluso adecuada, la oposición sostiene que el mandatario con licencia no debería volver al cargo hasta que se esclarezcan los señalamientos que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Desde el Senado y los congresos locales, PAN y PRI coincidieron en que la prioridad debe ser la transparencia y el esclarecimiento de las investigaciones, en un contexto en el que Sinaloa continúa enfrentando problemas de violencia e inseguridad.
PAN acusa impunidad y rechaza el regreso de Rubén Rocha Moya
El senador del PAN, Mario Vázquez, calificó como una "burla para el pueblo de México" la posibilidad de que Rubén Rocha Moya retome la gubernatura y que Enrique Inzunza continúe desempeñándose como senador de la República.
El legislador sostuvo que ambos han sido señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización que ese país ha catalogado como grupo terrorista, por lo que consideró que deben enfrentar las investigaciones correspondientes.
Vázquez aseguró que quienes aparecen mencionados en esas acusaciones tendrían que responder ante la justicia y, en caso de comprobarse responsabilidades, asumir las consecuencias legales. Además, acusó al gobierno de Morena de mantener una política de impunidad frente a casos que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Críticas por regreso de Rocha Moya
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026
El senador del PAN, Mario Vázquez, calificó como una “burla para el pueblo de México” la posibilidad de que @rochamoya_ regrese a gobernar #Sinaloa y que @InzunzaCazarez continúe en el Senado.
El legislador afirmó que ambos deben enfrentar… pic.twitter.com/tCxHznimv7
Morena defiende que el gobernador con licencia pueda volver al cargo
Desde Morena, la postura es distinta. El diputado Ambrocio Chávez afirmó que la reincorporación de Rubén Rocha Moya sería un procedimiento completamente válido tanto desde el punto de vista legal como político.
El legislador señaló que el mandatario fue elegido por los ciudadanos para un periodo de seis años y sostuvo que, hasta ahora, no existen pruebas que acrediten las acusaciones en su contra.
Además, consideró que el costo político ya ha recaído sobre Rocha Moya pese a que, según dijo, los señalamientos forman parte de una campaña mediática. Bajo esa lógica, afirmó que sería "moral, política y jurídicamente correcto" que regresara a concluir el mandato para el que fue electo.
Las acusaciones que mantienen a Rocha Moya separado del cargo
Rubén Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa el 1 de mayo de 2026, después de que en Estados Unidos se presentaran señalamientos por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas en beneficio de "Los Chapitos", una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La acusación fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York e incluye a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con esa organización criminal.
Desde entonces, Rocha Moya permanece separado de sus funciones y la administración estatal es encabezada de manera interina por Geraldine Bonilla Valverde.
PRI pide transparencia antes de discutir un eventual retorno del narcogobernador Rocha Moya
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, consideró que los rumores sobre un posible regreso del gobernador con licencia podrían formar parte de una estrategia para medir la reacción de la opinión pública.
Aunque reconoció que jurídicamente Rocha Moya podría regresar al cargo, insistió en que antes deben aclararse las investigaciones y hacerse pública la información relacionada con los señalamientos.
La legisladora sostuvo que los sinaloenses merecen conocer el estado de las indagatorias antes de plantear cualquier reinstalación, especialmente cuando la entidad atraviesa una etapa marcada por la violencia, las desapariciones y el impacto económico derivado de la crisis de seguridad.
