La polémica volvió a poner en el ojo del huracán a las corporaciones de seguridad en Tabasco. Esta vez, se trata de policías señalados directamente por ciudadanos, quienes aseguran haber sido víctimas de extorsión, abuso de autoridad, robo y amenazas.
Lo más grave es que al día de hoy los señalados siguen impunes. A ninguno, el gobierno estatal ha ofrecido una disculpa o justicia, solo la promesa de siempre: “vamos a investigar”.
Policías de Tabasco acusado de extorsión
Tres ciudadanos, Adrián, Daniel y Arturo, decidieron vencer el miedo y denunciar públicamente lo ocurrido. Lo hicieron recurriendo a los medios de comunicación, como un último esfuerzo para buscar justicia.
El temor a represalias mantuvo a los denunciantes en silencio. Sin embargo, el hartazgo fue mayor luego de ver que las mismas autoridades no estaban interesadas en investigar.
Aseguran que los policías señalados utilizaron su placa y uniforme para intimidar, exigiendo dinero y amenazando con consecuencias legales fabricadas.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento no hay uniformados detenidos, suspendidos ni investigados públicamente. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial directo hacia las víctimas.
Ante los cuestionamientos de la prensa, fue entonces cuando el secretario de Seguridad de Tabasco, Serafín Tadeo, afirmó que la Secretaría y la Fiscalía ya realizan investigaciones internas.
Aunque aseguró que no se permitirán actos delictivos dentro de la corporación y que ninguna institución protegerá a elementos corruptos, no se ha aclarado quién o quiénes están siendo investigados.
Ascensos a policías generan desconfianza en Tabasco
En paralelo a las denuncias, el Gobierno de Tabasco otorgó ascensos a 284 policías preventivos y de tránsito, una decisión que ha generado molestia y desconfianza entre las personas.
Para defensores de derechos humanos, este tipo de acciones envían un mensaje contradictorio a la ciudadanía, pues mientras se habla de investigar abusos, se premia a la corporación sin aclarar responsabilidades.
La directora del Comité de Derechos Humanos A.C., Suilma Velázquez, advirtió que esta situación preocupa profundamente, ya que sin confianza en la policía, la ciudadanía queda desprotegida.
El caso de Adrián, Daniel y Arturo no es el único. Javier, otro ciudadano, denunció que policías le quitaron a su esposa un KIA Smart tech en Villahermosa bajo el argumento de que estaba remarcado. Tras pagar dinero para recuperarlo, el auto fue devuelto en malas condiciones e inservible.
