Las acusaciones contra la alcaldesa de Salvador Alvarado, Sinaloa, Guadalupe López González, han escalado luego de que empresas de telecomunicaciones denunciaran presuntos actos de extorsión relacionados con el cobro por el tendido de cableado aéreo en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La edil, militante de Morena y cercana políticamente al gobernador Rubén Rocha Moya, asumió el cargo en 2024 tras haber presidido el DIF municipal.
De acuerdo con los señalamientos, el ayuntamiento habría clasificado el cableado como obra en la vía pública para exigir pagos que, según especialistas, no corresponden a las facultades de un municipio. Cynthia Solís, exintegrante del Consejo Consultivo del extinto IFT, afirmó que la regulación en materia de telecomunicaciones es competencia federal, por lo que calificó estos cobros como “impuestos fantasma” que podrían constituir actos de extorsión.
Las denuncias también señalan que, ante la negativa de algunas compañías de cubrir esos pagos, el municipio impuso multas que superarían los mil 500 millones de pesos. Además, se acusa a funcionarios municipales, entre ellos el director de Obras Públicas, José Ricardo Cruz Rocha; el director de Desarrollo Urbano, Ubaldo Montes Rodríguez, y el asesor Pedro Molineros Urías, de ordenar el retiro de tramos de la red de telecomunicaciones, afectando el servicio para miles de usuarios.
Las empresas afectadas ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los presuntos cobros ilegales y las afectaciones a la infraestructura. Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado públicamente su postura sobre estas acusaciones.
