Abelina López salió a celebrar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fiel a su estilo, la alcaldesa de Acapulco afirmó categóricamente que con este veredicto “prevaleció la honestidad, la justicia y la verdad”. El motivo de su festejo no es menor: el Máximo Tribunal del país anuló una auditoría que pesaba sobre casi 900 millones de pesos ejercidos con posibles irregularidades por el gobierno municipal de Acapulco en 2023.
Los recursos en disputa provienen del FAISMUN (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal), un fondo federal destinado a abatir el rezago y la pobreza mediante obras públicas. La postura de la presidenta municipal ha sido clara: presentar el fallo ante la opinión pública como una victoria política y jurídica absoluta que limpia la gestión de su administración. Sin embargo, las letras chiquitas de la resolución judicial cuentan una historia un tanto distinta.
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da la razón. Esta sentencia fortalece la honradez, la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos.
— Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) July 7, 2026
La verdad está y estuvo siempre de nuestro lado.
Prevaleció la Honestidad. Prevaleció la Justicia. pic.twitter.com/Cc2S8Nlv2S
Lo que realmente resolvió la Suprema Corte en el caso Acapulco
Lo que resolvió la Corte fue mucho más específico y técnico de lo que se festeja en el ayuntamiento. Los ministros no entraron a revisar si el dinero se gastó bien o se gastó mal; lo que determinaron fue un asunto de competencias de origen. La Corte dictaminó que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) no tenía la facultad ni la competencia legal para revisar estos recursos, por la simple razón de que se trata de dinero de origen federal.
Bajo este criterio jurídico, la revisión de los fondos del FAISMUN no le corresponde al estado, sino directamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Nadie puede negar que este fallo le da un enorme tanque de oxígeno político y mediático a Abelina López en el corto plazo, al tirar abajo el procedimiento local que la incomodaba. Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte está lejos de cerrar de forma definitiva la discusión sobre el destino de los 900 millones de pesos.
La contienda legal no ha terminado, solo cambió de cancha. Al quedar establecido que la ASF es el órgano competente, el uso de esos recursos para infraestructura social en el puerto de Acapulco todavía puede ser llamado a cuentas desde el plano federal.
