Un Tribunal federal negó suspender la audiencia agendada para el 7 de marzo, en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca imputar a 10 exfuncionarios por presuntos delitos derivados de la tragedia en la Línea 12 del Metro.
Los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundado el recurso de queja del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien buscaba frenar la realización de la diligencia para buscar con su defensa más pruebas a su favor.
Tribunal avala audiencia para no afectar interés social
“Se afectaría el interés social, debido a que la sociedad está interesada en que el Ministerio Público ejerza plenamente y sin demoras la facultad constitucional de investigar los delitos, por lo que no puede paralizarse dicha facultad”, concluyó el tribunal.
Los juzgadores explicaron que la suspensión no es procedente, ni aun aludiendo al derecho de defensa de los imputados por el caso de la Línea 12, ya que los actos se ubican en una etapa de investigación, “por lo que se afectaría el interés social en que se indaguen las conductas y se contravendrían disposiciones de orden público”.
Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundado el recurso de queja, con el cual Horcasitas buscaba que la FGJCDMX le entregara copia del acuerdo reparatorio firmado entre el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Carso.
DEFENSA BUSCA ACUERDO REPARATORIO
La tragedia de la Línea 12 del Metro ocurrió el pasado 3 de mayo, y en ella perdieron la vida 26 personas y otras 23 más resultaron lesionadas, por la que la FGJCDMX acusa a los presuntos implicados por los delitos de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena culposos.
Los exfuncionarios implicados han recurrido a diversos recursos legales, entre ellos negocian un acuerdo reparatorio.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura del acuerdo reparatorio en todos aquellos delitos que sean de querella, los delitos imprudenciales o culposos y los delitos patrimoniales cometidos sin violencia; por ese motivo, la defensa de los exfuncionarios argumenta que no pueden llegar a juicio cuando existe la opción de reparar el daño de las víctimas.
