La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) reveló su más reciente informe sobre las elecciones presidenciales en Venezuela y señaló que la dictadura de Nicolás Maduro se ha encargado de reprimir, matar, aprehender y desaparecer a los ciudadanos quien quieren democracia.
El reporte llamado Castigados por buscar el Cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras la elección de Venezuela 2024 documenta las violaciones a los derechos humanos contra manifestantes, peatones, líderes de la oposición y críticos a los resultados electorales, que le dieron el supuesto triunfo a Maduro Moros, aunque nunca presentó actas de los resultados.
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¿Qué dice el informe de HRW sobre las elecciones en Venezuela?
La ONG Human Rights Watch señala que se documentó con certificados de defunción sobre personas fallecidas en las protestas y mencionó que al menos 24 manifestantes o transeúntes fueron asesinados en las protestas tras las elecciones presidenciales en Venezuela.
Además, la organización señala que la evidencia recopilada muestra la participación de fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en algunos de estos asesinatos.
Aunado a este saldo fatal, más de 2 mil personas están detenidas por manifestarse, criticar al gobierno o por apoyar a la oposición. Incluso la dictadura de Venezuela acusa a personas como “incitación al odio” o “terrorismo”, delitos que llevan penas de hasta 30 años en prisión.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido forzosamente a personas que buscan un cambio democrático”, mencionó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Human Rights Watch asegura que opositores son torturados
La organización Human Rights Watch ha entrevistado a diversos integrantes de la oposición y otros afectados por la represión en Venezuela, Jesús Armas, exconsejero e integrante de la campaña opositora, fue torturado al ser asfixiado con una bolsa por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Armas sigue detenido desde el 10 de diciembre de 2024, sin acceso regular a sus familiares ni a un abogado.
Otros detenidos son obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su arresto y otros incluso son forzados a grabar videos donde dicen que sus derechos fueron respetados en su detención, aún cuando no ocurra así.
