En la localidad de El Pozo, perteneciente al municipio de San Juan Chamula, Chiapas, cuatro mujeres indígenas fueron injustamente encarceladas por autoridades comunitarias tras negarse a donar sus terrenos.
Los videos difundidos en redes sociales la tarde de este jueves 21 de agosto, generaron mucha indignación, por lo que las autoridades estatales abrieron una investigación contra los hombres que participaron en la detención.
Mujeres encarceladas por defender sus predios en El Pozo, Chiapas
De acuerdo con reportes extraoficiales, las autoridades tradicionales de la comunidad exigieron a las afectadas la donación de sus terrenos, ya que de estos predios se extrae agua que se reparte entre los habitantes de El Pozo.
Ante la negativa de las propietarias, quienes buscaban proteger sus tierras, y el acceso a sus recursos, las autoridades decidieron encarcelarlas de manera violenta, vulnerando presuntamente sus derechos humanos.
En los videos difundidos, se observa a las mujeres retenidas en celdas comunitarias, algunas con lesiones visibles y una más amamantando a su hijo desde la reja.
En otro video se observa cómo las autoridades locales, con lo que parecen ser gabardinas negras y sombreros, someten a las mujeres, quienes son menos en número, mientras intentan defenderse y parte de la comunidad las rodea.
Cabe recordar que, el municipio de San Juan Chamula es habitado principalmente por población tsotsil y se rige por un sistema de autoridades tradicionales que se basan en usos y costumbres propios.
Fiscalía investiga la detención de mujeres indígenas en Chiapas
Tras la difusión de los hechos, autoridades confirmaron que las mujeres fueron liberadas y trasladadas a la cabecera municipal de San Juan Chamula para rendir su declaración.
El Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se ha iniciado una investigación a través de la Fiscalía de Justicia Indígena para determinar responsabilidades y que se mantiene coordinación con las autoridades locales y el Juez de Paz.
En su declaración, el fiscal afirmó que los usos y costumbres de la comunidad no pueden estar por encima de la ley ni de los derechos humanos de los habitantes, confirmando que la situación atentó contra la vulnerabilidad de las mujeres tsotsiles.
