Hace unos días, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Interpol una ficha roja para dar con el paradero de Laura Bozzo, quien enfrenta una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal; sin embargo, las cosas han cambiado para la presentadora, pues recientemente se ha revelado que no pisará la cárcel.
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Estos hechos sucedieron, debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de detención en su contra.
Fue el juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, quien determinó conceder la medida cautelar pedida por la defensa de la conductora.
La multa que tendrá que pagar
Sin embargo, para que la decisión del juez sea válida, la famosa deberá pagar una garantía de 300 mil pesos, cantidad que deberá cubrir en los próximos cinco días, y con esto podrá evitar ser aprehendida por la FGR.
En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal, es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva
Además, en el mismo documento, el juez señaló que si Laura Bozzo estuviera detenida la suspensión provisional sólo tendría efecto para que su libertad quede a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentre recluida. Sin embargo, tras esta noticia la peruana no ha podido ser localizada por agentes de la Fiscalía.
Es importante mencionar que la medida cautelar a favor de la también abogada tendrá duración hasta la audiencia incidental, programada para el próximo 30 de agosto, en donde el juez determinará si concede o no la suspensión definitiva.
Recordemos que el pasado 11 de agosto, Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva por el delito de defraudación fiscal que supera los 12 millones de pesos.
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Esto debido a que la conductora vendió un inmueble que ya había sido embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que al comercializarlo incurrió en el delito conocido como depositario infiel.
