Desaparición forzada de personas, un crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada consiste en un arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y con la intervención de agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. Se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad o por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.

Cada día, en prácticamente todos los rincones de nuestro país, hombres y mujeres, sin importar su edad, ocupación, religión, preferencia política u orientación sexual, desaparecen sin dejar mayor rastro.

Son hechos que afectan en todos los sentidos y a toda la sociedad, pues resta la paz a nivel no sólo familiar, sino nacional; y en caso de que la víctima logre sobrevivir, sufre por tiempo indefinido las secuelas físicas y psicológicas de los vivido, ya que en este delito suele existir deshumanización y tortura.

Es indignante desde el punto en que el Estado y aparato burocrático son quienes lo comenten o son cómplices, mientras que ellos deberían ser quienes garanticen la seguridad y tranquilidad de las personas; de la mano de esto, en la mayoría de casos de desapariciones forzadas, la impunidad prevalece, por lo que se considera esta desaparición un crimen de lesa humanidad.

Para que una desaparición pueda ser considerada como forzada por la autoridad, se deben cumplir algunos elementos concurrentes y constitutivos como lo son:

1. La privación de la libertad.

2. La intervención directa de agentes estatales o por el consentimiento de estos.

3. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada.

Además, al realizar una desaparición forzada, se está violando más de un derecho que el Estado está obligado a respetar y garantizar. Entre los derechos humanos que se violan se encuentran civiles y políticos, económicos, sociales y culturales como:

• El derecho a la libertad y seguridad de la persona.

• Derecho a no ser sometido/a a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

• Derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

• Derecho a la protección y a la asistencia a la familia.

• Derecho a un nivel de vida adecuado.

• Derecho a la salud.

• Derecho a la educación.

• Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

• Derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida.

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De acuerdo con Amnistía Internacional, la desaparición forzada existe porque es útil como instrumento para sembrar terror. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a la familia cercana de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Otra de las situaciones que originan la desaparición forzada es la existencia de conflictos internos, particularmente a manos de gobiernos que desean reprimir expresiones de descontento o grupos armados. En el caso mexicano, estas desapariciones se incrementaron en la medida en que se agravó la inseguridad y la guerra contra los cárteles del narcotráfico.

También hay especialistas que argumentan que otra causa es la existencia de un Estado represor y la ausencia de un sistema de justicia sólido que contenga y castigue la actuación ilegal de autoridades para espiar, perseguir, torturar y desaparecer a personas defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos clave y profesionales del derecho, así como a la ciudadanía que pueda o no estar implicada en la guerra del narco. Ejemplo de esto, son las detenciones arbitrarias, en las cuales las víctimas son detenidas y recluidas sin una orden de detención.

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