Una nueva ley contra la inmigración entró en vigor en el estado de Texas, que eleva la pena para quienes transporten a migrantes para que ingresen de forma irregular a Estados Unidos.
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La normativa es parte de un paquete de reformas para la seguridad fronteriza que promulgó en diciembre de 2023 el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en el que también está la ley SB4, que entrará en vigor en marzo y que también eleva las penas para los migrantes que entren o intenten ingresar al país sin tener documentos. Esta segunda normativa es la más dura que se ha promulgado en Estados Unidos.
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"Estas leyes ayudarán a detener la ola de entradas ilegales a Texas, agregarán fondos adicionales para construir más muro fronterizo y tomarán medidas enérgicas contra el tráfico de personas", dijo Abbot en diciembre frente al muro de Texas en Brownsville, donde firmó oficialmente la promulgación de las normativas.
La pena para quienes transporten migrantes en Texas
La nueva ley, que ya está en vigencia, eleva de dos a diez años de cárcel la pena para sospechosos encontrados culpables de cargos estatales relacionados con el tráfico de inmigrantes.
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"El tráfico de personas en nuestra frontera pone en riesgo a nuestro estado (y a nuestra nación). Texas no se quedará de brazos cruzados y permitirá que las políticas de fronteras abiertas de Biden pongan en peligro vidas", dijo en enero Abbott, quien mantiene una fuerte disputa con el presidente Joe Biden por el control de la frontera con México.
This week, Texas took #OperationLoneStar to the next level.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 22, 2023
I signed historic new laws to help protect our state — and our nation — from Biden’s reckless open border policies.
Texas also expanded our operations to include flights to Chicago.
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La SB4, que entra en vigor en marzo, convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, que se castigará hasta con 20 años de prisión si el infractor es reincidente. La ley también permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de los migrantes, una facultad exclusiva del gobierno federal.
