“Vienen a tomarse la foto y se van": Así narra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero el abandono a Chilapa ante “Los Ardillos”

El ambiente de terror que han estado viviendo los pobladores de Chilapa, Guerrero, ha ido en aumento por la violencia generada por Los Ardillos y los obligó a huir desde el 6 de mayo de 2026. Lo que para muchos es una estadística de violencia, para los habitantes de Tula, Alcozacán y comunidades vecinas, es una pesadilla de siete días sin dormir. Sixto Mendoza, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), reveló para Hechos AM que el asedio del grupo criminal ha escalado a niveles insostenibles, dejando un rastro de destrucción que incluye viviendas quemadas y familias que huyeron con lo que traían puesto.

Desde hace siete días, el estruendo de las balas no ha dejado de sonar en las comunidades nahuas. Según Mendoza, el ataque inició el 6 de mayo y se ha extendido por toda la zona, afectando a pueblos como Chicotlán y Buenavista. La comunidad de Tula es la que más ha sufrido: hoy ya no vive nadie ahí.

Los criminales no solo dispararon contra la gente, sino que quemaron sus hogares y mataron a sus animales, forzando un desplazamiento masivo de familias que ahora buscan refugio en Alcozacán, donde carecen de ropa, comida y lo más básico para subsistir.

Sixto Mendoza relató que cuando los militares o la Guardia Nacional llegan a las zonas de conflicto, lo hacen solo por momentos. “Vienen a tomarse la foto, están media hora o una hora y luego se retiran”, explicó.

El problema es que, en cuanto los uniformados se van, los delincuentes reinician la balacera con más saña.

Incluso, recordó que en Tula había una base instalada de seguridad que, lejos de proteger a la población durante la crisis, decidió abandonar el lugar.

Para los campesinos de la zona, ir a la cabecera municipal se ha vuelto una misión suicida. Mendoza explicó que ya no pueden ir a vender sus productos del campo ni a comprar suministros porque los criminales los cazan en el camino o en el mismo mercado.

“Nos desaparecen o nos asesinan a media carretera”, lamentó. Esta situación ha dejado a las comunidades aisladas, sin acceso a servicios básicos y con el miedo constante de ser el próximo nombre en la lista de víctimas.

Ante el peligro que representa viajar a Chilapa, la comunidad hace una petición desesperada: que se instale un Banco y un hospital regional directamente en Alcozacán.

Actualmente, los beneficiarios de programas federales deben jugarse la vida para ir a cobrar sus apoyos a la cabecera, donde los delincuentes ya los están esperando.

Contar con estos servicios en su propio territorio no es un lujo, sino una medida de seguridad vital para evitar que sigan matando a la gente por el simple hecho de ir a retirar su dinero o buscar atención médica.

A pesar de la desesperación que ha llevado a algunas madres a pedir la intervención de otros países, Sixto Mendoza declaró que el gobierno mexicano tiene la capacidad y el equipo para enfrentar al crimen organizado.

Lo que falta, asegura, es voluntad para aplicar la justicia y proteger a los pueblos indígenas que se sienten discriminados por su origen.

“Somos originarios de México y a lo mejor nos quieren desaparecer por eso”, sentenció el promotor, quien recordó que la herida del asesinato de los 10 músicos en 2020 sigue sin justicia.