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Estados Unidos acusa formalmente a Rubén Rocha Moya de narcotráfico

Además de Rocha Moya: ¿Quiénes son los otros funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico y cuál sería su castigo?

De policías a políticos: esta es la lista de funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y las penas que podrían recibir.

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Quiénes son los funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico y qué penas podrían enfrentar en EU|UIC

El caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló rápidamente y ya no se trata de una sola figura. Una acusación formal en Estados Unidos señala a varios funcionarios y exfuncionarios por presuntamente colaborar con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas y proteger sus operaciones.

La investigación, anunciada por el fiscal Jay Clayton y autoridades de la DEA, apunta a una red que habría operado desde distintos niveles del gobierno y las corporaciones policiacas.

¿Qué hicieron los funcionarios acusados en Sinaloa?

De acuerdo con la acusación, los señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa —particularmente con la facción de “Los Chapitos”— para facilitar el envío de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

A cambio, habrían recibido sobornos millonarios, filtrado información confidencial, protegido cargamentos y permitido que el grupo criminal operara sin consecuencias. Incluso, algunos habrían participado directamente en actos violentos como secuestros y asesinatos.

Lista: quiénes son los otros funcionarios acusados (además del gobernador de Sinaloa Rocha Moya):

1. Alberto Jorge Contreras Núñez, Exjefe de la Policía de Investigación, aliasCholo”.
Acusaciones: narcotráfico y posesión de armas de alto poder.
Castigo: mínimo 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

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Alberto Jorge Contreras Núñez, Exjefe de la Policía de Investigación|UIC

2. Dámaso Castro Saavedra, Fiscal General Adjunto de Sinaloa.
Acusaciones: conspiración para tráfico de drogas y armas.
Castigo: de 40 años a cadena perpetua.

Dámaso Castro Saavedra, Fiscal General Adjunto de Sinaloa
Dámaso Castro Saavedra, Fiscal General Adjunto de Sinaloa|UIC

3. Enrique Inzunza Cázares, Senador y exsecretario general del estado.
Acusaciones: las mismas relacionadas con narcotráfico y armamento.
Castigo: hasta cadena perpetua.

Enrique Inzunza Cázares, Senador y exsecretario general del estado
Enrique Inzunza Cázares, Senador y exsecretario general del estado|UIC

4. Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública.
Acusaciones: tráfico de drogas y uso ilegal de armamento.
Castigo: mínimo 40 años.

Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública
Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública|UIC

5. Marco Antonio Almanza Avilés, Exjefe de la Policía de Investigación.
Acusaciones: conspiración y posesión de armas.
Castigo: hasta cadena perpetua.

 Marco Antonio Almanza Avilés, Exjefe de la Policía de Investigación
Marco Antonio Almanza Avilés, Exjefe de la Policía de Investigación|UIC

6. Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas.
Acusaciones: colaboración con el narco.
Castigo: mínimo 40 años.

Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas
Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas|UIC

7. José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
Acusaciones: narcotráfico y armas.
Castigo: hasta cadena perpetua.

8. Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán.
Acusaciones: conspiración para tráfico de drogas.
Castigo: mínimo 40 años.

9. Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, excomandante policial.
Acusaciones: narcotráfico, secuestro y asesinato.
Castigo: cadena perpetua obligatoria.

¿Qué penas podrían enfrentar en total los funcionarios de Sinaloa?

En la mayoría de los casos, las leyes estadounidenses contemplan penas severas: al menos 40 años de cárcel o cadena perpetua. Estas sanciones dependen de la gravedad de los delitos y de lo que determine la jueza Katherine Polk Failla, quien lleva el caso.

El expediente forma parte de una serie de investigaciones contra el Cártel de Sinaloa que, según autoridades, no podría operar sin apoyo dentro de las instituciones.

Más que nombres aislados, la acusación muestra una presunta estructura donde políticos, mandos policiacos y funcionarios habrían usado su poder para beneficiar al crimen organizado, sin importar la integridad de la ciudadanía.

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