En Sinaloa, la sociedad civil ha encendido las alarmas. Diversas organizaciones denuncian que, antes de solicitar licencia como gobernador, Rubén Rocha Moya presentó una iniciativa de reforma en materia de transparencia que, aseguran, no es más que un intento por blindar su gestión y evitar que el ejercicio de su gobierno sea revisado por la ciudadanía.
De acuerdo con colectivos ciudadanos, la propuesta del mandatario morenista contempla mecanismos que limitarían drásticamente el acceso a la información pública. Esta “reforma” surge en un contexto crítico: Rocha Moya enfrenta una licencia de su cargo tras las acusaciones formales del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, trasiego de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
Institucionalizar la opacidad ante la justicia
La preocupación radica en que, de aprobarse esta iniciativa, cualquier investigación futura sobre el uso de recursos públicos o el quehacer gubernamental durante su mandato podría ser bloqueada legalmente.
“La persona promovente es un gobernador que tiene licencia a partir de unas investigaciones que realiza un país vecino y no son investigaciones menores... Preocupa porque el día de mañana, si se llega a probar esta iniciativa y queremos saber justo cómo ejerció su labor el gobernador en relación con recursos públicos, nos van a reservar la información”, advierte Marlene León, de la organización Iniciativa Sinaloa.
Un “catálogo extenso” para ocultar información
Los activistas señalan que el punto más delicado de la propuesta es la ampliación desmedida de los criterios para clasificar información como “reservada”. Esto pasaría de un número limitado de supuestos a un catálogo extenso de razones por las cuales el Gobierno podría negarse a entregar datos a la ciudadanía.
“Esto que estamos viendo ahorita es un intento por blindar un control gubernamental a la información pública y al quehacer de las autoridades. No podemos permitir que, en el contexto que vive Sinaloa, donde se requiere más rendición de cuentas, quieran institucionalizar la opacidad y la discrecionalidad con esta ley”, puntualizó León.
Ante este escenario, la sociedad civil organizada exige que se garantice el derecho a saber y advierte que cualquier intento de limitar la transparencia solo profundiza la desconfianza ciudadana en un momento en que la integridad del Gobierno estatal se encuentra bajo la lupa internacional.
