“Mi mamá se despidió de mí": 800 familias huyen de sus comunidades indígenas en Guerrero ante ataques del crimen organizado

El pasado 10 de mayo, mientras muchas familias en México celebraban el Día de las Madres, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mujeres de comunidades indígenas salieron a exigir ayuda debido a la violencia ocasionada por el crimen organizado que, lamentablemente, derivó en el desplazamiento de cientos de familias.

Desde el pasado 6 de mayo, el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero "Emiliano Zapata" (CIPOG-EZ) advirtió que la violencia estaba escalando. Sin embargo, el punto crítico llegó el fin de semana, cuando hombres armados irrumpieron en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.

Los habitantes narran cómo tuvieron que salir corriendo de sus casas mientras los proyectiles impactaban en sus puertas.

"Saqué a mis gemelos como pude", relata una madre que vio cómo su hogar era blanco de armas de alto calibre antes de escapar hacia la comunidad de Alcozacán.

En Chilpancingo, el llanto de dos mujeres nahuas se volvió la representación de esta tragedia. Una de ellas relató, entre gritos, que su madre la llamó solo para despedirse: los grupos criminales ya estaban entrando al pueblo y no había nadie para defenderlos.

"Mi mamá está allá muerta de miedo... me llamó para despedirse porque ya están llegando y nadie los está ayudando", reclamó ante la indiferencia de las autoridades.

La violencia no solo ha dejado casas sin habitar, sino también muertos. El domingo, el CIPOG-EZ reportó la desaparición de cuatro de sus integrantes en las zonas de ataque. Poco después, la mañana del lunes, cuatro cadáveres fueron abandonados sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de Papaxtla.

Aunque los cuerpos no han sido identificados oficialmente, la comunidad sospecha que se trata de sus compañeros.

Como suele suceder en estas crisis, los números del gobierno y los de la gente no coinciden. Mientras el Consejo Indígena contabiliza al menos 800 familias desplazadas, las autoridades de Guerrero apenas reconocieron el traslado de 70 familias.

Esta diferencia de cifras indigna a los afectados, quienes denuncian que las fuerzas federales que estaban en la zona se retiraron justo cuando empezaron los ataques más fuertes, dejándolos vulnerables y a merced de los grupos delictivos que buscan controlar el territorio.

La situación en Alcozacán y sus alrededores es crítica. Los desplazados siguen llegando, muchos de ellos niños y ancianos que han caminado por horas en la oscuridad. Las comunidades denuncian que están bajo un cerco criminal y que, a pesar de los gritos de auxilio, el apoyo no llega.

Chilapa se ha convertido en una zona donde la ley la imponen quienes portan las armas.