La violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes cobró la vida de personas inocentes. En el municipio de Zapopan, la violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó huérfanos a menores de edad y a una comunidad sumida en el terror.
Angélica María Hernández, de 44 años, acompañó el domingo a su hijo a la iglesia de la colonia Altagracia para que el menor cumpliera con sus clases de catecismo. Al salir del templo católico, se encontró de frente con el fuego cruzado.
Pistoleros del CJNG atacaron las patrullas estacionadas en el mini módulo de seguridad local. Una de esas balas impactó a Angélica y truncó su vida de forma instantánea. Hoy, en el punto exacto del parque donde cayó su cuerpo, los vecinos colocaron una veladora como único homenaje a una mujer “que ni la debía, ni la temía”.
Crónica en Zapopan: “Hubo balazos y la gente huía a prisa”
El pánico se apoderó de las calles aledañas. Edelmira Galván, vecina del lugar, relató el momento exacto del ataque:
“Llegó una vecina con lágrimas y me dice: ‘mataron a una señora allá'. Yo escuché como si cayeran láminas, pero hubo balazos. La gente se metió a sus casas a toda prisa, salían despavoridos”.
Este jueves, a días del ataque, el parque de la colonia Altagracia lució completamente vacío. Aunque los comercios reabrieron sus cortinas por necesidad económica, el miedo es palpable. Carlos Ramírez, habitante del fraccionamiento, resume el sentir general: “Tenemos que continuar con nuestras actividades, pero con mucha precaución”.
Temor por el CJNG provoca que familiares se oculten
La tragedia de la familia Hernández no terminó con el homicidio de Angélica. Por temor a represalias o nuevos ataques en la zona, sus familiares directos abandonaron sus hogares y permanecen resguardados en otro punto de Jalisco.
Ante esta situación de vulnerabilidad y desplazamiento forzado, son los propios vecinos quienes alzan la voz. A través de los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA), Gabriel Contreras lanzó una exigencia clara a las autoridades estatales:
“Que nos puedan asegurar la tranquilidad de nuestras familias... y un apoyo económico directo a sus familiares”.
El caso de Angélica María Hernández refleja el verdadero costo de los enfrentamientos del crimen organizado: civiles atrapados en medio de disputas territoriales ante la incapacidad del Estado para garantizar la paz en las calles.
