Hoy continúa, en el pleno de la Suprema Corte, el análisis de las impugnaciones a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que privilegian a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector privado para el despacho de energía.
Al término de la sesión de este jueves se espera el pronunciamiento de sus 11 integrantes.
Ya hicieron su pronunciamiento
Durante la sesión del pasado martes, 3 de los 11 ministros dieron su pronunciamiento, falta que 8 de ellos hagan lo propio.
Por su parte la ministra Loretta Ortiz presentó su proyecto en el que planteó avalar la constitucionalidad de la legislación bajo el argumento principal de que el interés público debe prevalecer sobre el individual.
Para Ortiz Ahlf, el Estado mexicano debe cumplir con su deber constitucional de actuar como regulador de un servicio básico, al cual deben tener acceso todos los mexicanos pero no solo con base en las normas del libre mercado.
En su participación del martes la ministra destacó:
Considero que nos encontramos frente a una gran oportunidad para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, pues a mi parecer no existe duda de que se ha consagrado como un elemento indispensable para garantizar los derechos humanos de las personas.
En contraparte, el ministro Javier Laynez puntualizó que las modificaciones a la LIE atentan contra lo marcado en la Constitución pues dan prioridad a las centrales de la CFE en el despacho de energía sumando a la eliminación de las subastas eléctricas que se promovió desde el Congreso de la Unión en 2021.
El texto constitucional vigente no permite, primero, establecer una prioridad en el despacho, que está hecha para las centrales públicas o para la electricidad, que exclusivamente produce la Comisión Federal de Electricidad
Con una postura similar se expresó el ministro Juan Luis González Alcántara, quien dijo estar en contra de la prioridad del despacho de la CFE y en contra de la eliminación de subastas así como privilegiar las energías limpias y proteger a generaciones futuras.
Durante su intervención, Alcántara Carrancá explicó:
Por la estrecha relación que advierto con el derecho a un medio ambiente sano, considero que no es posible castigar a las generaciones futuras con medidas que, a corto plazo, pudieran resultar convenientes u oportunas.
