La violencia desatada por “Los Ardillos” en Chilapa, Guerrero, y su presunta complicidad con alcaldes y la gobernadora Evelyn Salgado, llegó a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Ante el organismo mundial se acusaron amenazas y persecución en un clima de total impunidad.
Los nombres de la gobernadora de Guerrero, de ocho alcaldes de la entidad y de “Los Ardillos” ya figuran en La Haya a raíz de la denuncia por crímenes de lesa humanidad interpuesta por Marcela de Jesús Natalia, periodista y activista defensora de los derechos humanos. La activista indígena acusó a las autoridades de ser cómplices directos de las agresiones armadas en el municipio de Chilapa y sus alrededores.
La lista de alcaldes señalados formalmente incluye a:
- Mercedes Carballo Chino (Chilapa)
- Ángel Aguilar Romero (Acatepec)
- Alberto Michi Campos (Tixtla)
- David Astudillo Morales (Quechultenango)
- Pedro Ojeda Reyes (Ahuacuotzingo)
- Gerardo Mosso López (Mochitlán)
- Jesús Vázquez García (Mártir de Cuilapan)
- Guillermo Matías Barrón (Atlixtac)
Ataques armados y desplazamiento forzado en la Montaña Baja
La onda expansiva de los ataques en la Montaña Baja de Guerrero alcanzó a más de dos mil personas que debieron abandonar sus hogares. La denuncia presentada en los Países Bajos incluye el modus operandi de los agresores y menciona las consecuencias de la ola de terror en la región, la cual se ha manifestado a través de ataques armados coordinados, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, amenazas colectivas, asesinatos y desapariciones. Asimismo, el expediente detalla el uso de armamento de alto poder, incluyendo drones explosivos, como parte de la persecución contra las comunidades indígenas.
El documento asegura que algunos de los principales operadores de “Los Ardillos” han sido funcionarios públicos e incluso alcaldes en Guerrero. De igual manera, señala que en los primeros días de este mes de mayo las agresiones armadas se intensificaron en la zona.
Una red de complicidades que rompe el tejido comunitario
La denuncia sostiene que los ataques ocurrieron bajo la complicidad directa, actos de colaboración, tolerancia u omisión deliberada ante la violencia en el estado.
Según lo expuesto por Marcela de Jesús Natalia, el racimo de agresiones contra las comunidades indígenas provocó la ruptura del tejido comunitario, la interrupción de actividades agrícolas y escolares, la pérdida de control territorial y graves daños a la integridad física, psicológica, social y cultural de las víctimas. Los hechos ya se encuentran en manos de las autoridades internacionales.
